Redacción. Bilbao
Este miércoles han comparecido ante la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento los máximos responsables del Departamento de Salud con el objetivo de informar sobre los resultados del proceso de investigación del fallecimiento de la niña Anne Ganuza.
Jon Darpón, consejero de Salud.
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Esta niña de tres años falleció el pasado lunes 17 de marzo después de que una ambulancia de Vitoria se negara a recogerla en su domicilio de la Puebla de Arganzón que pertenece al condado de Treviño, zona limítrofe entre País Vasco y Catilla y León. La niña no sobrevivió a un shock séptico de curso fulminante derivado de una varicela, según han explicado los responsables sanitarios se trata de una infección muy grave y poco habitual con una tasa de mortalidad muy elevada.
El consejero de Salud, Jon Darpón, ha acudido al Parlamento Vasco acompañado por el director general de Osakidetza, José María Unanue y de la jefa del servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Araba, María Pilar Botella.
La comparecencia ha comenzado con las condolencias a las familias por parte de los presentes. Asimismo se ha hecho hincapié en que durante todo el proceso se ha querido actuar desde la transparencia informando en todo momento del proceso de investigación abierto a las personas implicadas.
Ante la Comisión de Salud se ha relatado la secuencia de hechos ocurridos el pasado domingo 16 de marzo desde que se atendió a la niña en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Araba hasta que se decidió darle de alta en la primera atención. A este respecto, según el criterio del médico instructor “la actuación del servicio de Urgencias del HUA y la de sus profesionales fue correcta”.
El médico responsable, expedientado
Sin embargo, el médico instructor del expediente concluye que la decisión de enviar al médico de guardia en vez de movilizar un transporte sanitario cuando la madre llamó al Servicio de Emergencias del 112 “fue una actuación incorrecta aunque sin trascendencia en el desenlace final” por lo que el texto concluye en incoar un expediente disciplinario al profesional médico responsable de la movilización de los recursos médicos.
Según se ha señalado en la sede parlamentaria las decisiones de movilización de recursos sanitarios se basan en criterios profesionales, destacando que esta movilización para atender a más de 1.400 vecinos de Treviño es algo habitual. Según los datos ofrecidos por Emergencias en 2013, se atendieron 123 incidentes y en cada caso, se movilizaron los recursos necesarios.
Asimismo se ha agradecido públicamente al Departamento de Sanidad de la Junta de Catilla y León por su colaboración en los últimos días en la investigación. Por otra parte, se ha señalado que la colaboración sanitaria para atender a vecinos de municipios limítrofes es la misma que para el resto de ciudadanos y por ello no debería ser juzgada por un caso excepcional, según detalla la nota de prensa emitida por el Departamento de Salud.
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