La reforma sanitaria dejaría sin cobertura a 17.000 inmigrantes en situación irregular

Redacción. Vitoria
Médicos del Mundo Euskadi ha manifestado su contrariedad ante la reforma sanitaria que planea el Gobierno central, en la que se prevé la restricción en el acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Desde la asociación se rechazan estas medidas alegando que van en contra de lo estipulado por la Constitución y que con ellas se pretende “culpabilizar” a los inmigrantes del colapso del sistema público.

Teresa Maura, presidenta de Médicos del Mundo Euskadi.

En caso de  que el decreto del Ejecutivo estatal terminara por aplicarse, los inmigrantes en situación irregular dejarían de tener cobertura sanitaria pública. “Se está intentando culpabilizar a las personas inmigrantes del colapso del sistema sanitario”, se ha lamentado desde la asociación antes de denunciar que, en caso de que salir adelante, la medida dejaría unas 17.000 personas sin posibilidad de atención sanitaria en la Comunidad.

Desde Médicos del Mundo Euskadi se ha hecho referencia al estudio ‘Costes y utilización de recursos sanitarios públicos de las personas inmigrantes irregulares’, asegurando que la mayor parte del gasto sanitario se produce en las personas de mayor edad. En ese sentido, ha recalcado que la edad media de la población inmigrante es inferior a la general. En concreto, el gasto estimado por la atención a personas en situación irregular es de siete millones de euros, lo que “supone un 0,2 por ciento del presupuesto sanitario del Ejecutivo”.

El informe concluye que el colectivo de inmigrantes seleccionado consumió, en comparación con la población general, "menos de la mitad de los ingresos hospitalarios, la tercera parte de la intervenciones quirúrgicas, la mitad de las visitas al médico de cabecera, menos de la mitad de las consultas con especialistas, algo más de la mitad de la analíticas y la sexta parte de las recetas impresas".

Desde la asociación se ha considerado la propuesta como “una vulneración del derecho humano a la salud”, así como una “falta de seguimiento” a las recomendaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).