Navarra desarrolla su normativa para asegurar la prestación de la eutanasia

El Gobierno de Navarra ha terminado esta semana el proceso de participación y aprobación de la normativa foral para posibilitar, con "el mayor nivel de garantías tanto para la ciudadanía como para los profesionales", el ejercicio del derecho a la eutanasia recogido en una ley estatal.

El Boletín Oficial de Navarra (BON) recoge en su edición de este miércoles el texto del correspondiente decreto foral propuesto por la consejera de Salud -avalado por el dictamen favorable del Consejo de Navarra- que regula la creación tanto de una Comisión de Garantías como el futuro registro de objeción de conciencia mientras que una orden foral, que será publicada también esta semana, concreta los miembros de dicho órgano.

El director general de Salud, Carlos Artundo, y la jefa del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, Genoveva Ochando, han sido los encargados de presentar este miércoles en rueda de prensa la normativa desarrollada en la Comunidad foral.

Los representantes de Salud han recordado que el 25 de marzo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la ley de regulación de la eutanasia que daba una serie de plazos para su desarrollo a nivel autonómico al tiempo que se completaba su despliegue a nivel estatal con cuestiones como la guía de Buenas Prácticas ya publicada por el Ministerio y en la que Navarra también ha participado.

El Gobierno foral apostó por una doble línea de actuación procedimental y conceptual. En primer lugar, en lo que tiene que ver con el marco temporal, "se priorizó desarrollar un proceso de participación pública y profesional". Por otro lado, en cuanto a la filosofía, se amplió el foco al entender esta nueva norma como "una herramienta más en la atención 'al final de la vida'.

Según han expuesto los representantes del Departamento de Salud, "a ello hay que sumar todas las vertientes de la estrategia de cuidados paliativos que se viene desarrollando y se va a intensificar tanto desde Atención Primaria como desde Atención Hospitalaria (pacientes crónicos, oncológicos...), además de la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público de Navarra que también aborda indirectamente el contexto de situaciones al final de la vida".

El Departamento de Salud activó diferentes líneas de trabajo desde la aprobación de la ley hasta la publicación del paquete normativo foral de esta semana. La ley incluía una serie de pasos que se han ido transitando tanto a nivel estatal como autonómico. Para la elaboración del manual de Buenas Prácticas se constituyó un grupo de trabajo formado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad.

Dicho manual recoge el protocolo a aplicar en caso de incapacidad; la guía de medicamentos a administrar; procedimiento a seguir para la solicitud y la realización de la prestación; recomendaciones para la objeción de conciencia; modelos de documentos...".

La norma estatal también exigía la creación de una Comisión de Garantías y de un registro de profesionales. Mediante orden foral se inició el procedimiento de elaboración del proyecto de decreto foral por el que se crea y se regula la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad foral para garantizar la prestación de ayuda a morir. Se sometió a consulta previa desde el 3 hasta el 21 de mayo de 2021.

Posteriormente, el proyecto de Decreto Foral por el que se creaba la Comisión de Garantía y Evaluación y el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia de la Comunidad foral ha sido expuesto a información pública desde el 10 hasta el 30 de junio de 2021.

En dicho plazo se han recibido a través de Gobierno Abierto 71 aportaciones de 17 agentes participantes, de las que se han tenido en cuenta en este momento del proceso -o se tendrán en cuenta en futuras fases- dos tercios. La aportaciones validadas se han incorporado el texto final del decreto que la semana pasada recibió el dictamen favorable del Consejo Navarro y ahora se ha publicado en el BON, soporte en el que se publicará también la orden foral consecutiva que nombra a las personas que componen la Comisión de Garantías.

Una Comisión de Garantías ampliada con 12 miembros

El decreto contiene fundamentalmente el andamiaje de la constitución de una Comisión de Garantías para asegurar un correcto ejercicio de este derecho compatibilizando el de la ciudadanía a demandarlo y el de profesionales a practicarlo (cabe una objeción de conciencia individual y regulada), y otras posibles dudas o circunstancias que puedan surgir.

A partir de la composición mínima que exige la ley, Navarra ha ampliado a personal del ámbito social y psicológico, quedando conformada finalmente por 4 médicos (2 del ámbito de Primaria y 2 de atención especializada), 4 juristas, 2 enfermeras, 1 psicóloga y 1 trabajador social, todos ellos con formación o experiencia de trabajo en Bioética y/o en tratamiento de enfermedades con padecimientos graves o incurables.

El siguiente paso ha sido la selección y nombramiento de las personas que ocuparán estos puestos, algo recogido en una orden foral de inminente publicación, para que puedan constituirse formalmente antes de 15 días.

Las personas que forman parte de esta Comisión, que será presidida por María Luisa Los Arcos Vieira (catedrática de Derecho Civil de la UPNA y especialista en derecho sanitario), son además: Juan Luis Beltrán (doctor en Derecho por la UN, expresidente de la Asociación Juristas por la Salud y presidente del Consejo de Transparencia); Leticia Jericó Ojer (profesora de Derecho Penal de la UPNA e investigadora de temas como la objeción de conciencia en el ámbito medico); María Jorqui Azofra (doctora en Derecho por la UPNA y vocal del Comité de Ética Asistencial del CHN); Helena Escalada (médica de familia y mater en cuidados paliativos); Luisa Garcés Ducar (medica de Atención Primaria y profesora asociada de la UPNA y la UN); Victoria Acha Arrieta (especialistas en Medicina Interna con experiencia asistencial y gestora en CHN y Virgen del Camino); Mauro Loinaz Bordonaba (médico intensivista y miembro del grupo de coordinación de transplantes del CHN); Oihane Vieira Galán (enfermera del CHN y licenciada también en Derecho); Ana Rosa Gómez Martínez (enfermera con formación especializada en bioética con experiencia en ámbito hospitalario y de Primaria); Raquel Ruiz RuIz (psicóloga especializada en neurupsicología y miembro del Comité de Neurooncología del CHN); y Xabier Les Lacosta (jefe la Unidad de Trabajo Social del CHN con amplia formación y experiencia profesional en situaciones de final de la vida). El puesto de secretaria corresponde a la Secretaria General Técnica del Departamento de Salud, Pilar Garcia.

En cuanto al registro de profesionales ya habilitado por ese decreto, se está trabajando en el diseño de la aplicación o soporte informático que asegure la confidencialidad, y restrinja los accesos conforme a la protección de datos, y siguiendo las recomendaciones del manual de buenas prácticas.

Por otro lado, en este momento se está trabajando con el Ministerio para ofertar -tal y como marca la ley-, una formación continuada a lo largo del primer año de vigencia a los profesionales. Hasta este momento, se ha realizado una sesión informativa sobre la ley el día 29 junio dirigida a profesionales de Atención Primaria y especializada, que está colgada en el espacio de Auzolan. Además, se ha puesto a su disposición también el Manual de Buenas Practicas.

En cuanto a la información a la ciudadanía, se ha puesto a disposición de la población ese mismo manual y se ha elaborado un tríptico que resume el contenido de la ley además de toda la información relativa al final de la vida contenida en el portal de salud y otros canales habituales. También se prevé una jornada informativa.