Redacción. Pamplona
El grupo del PSN en el Parlamento de Navarra ha presentado una propuesta de declaración institucional por la que la Cámara foral acuerda que el Servicio Navarro de Salud "atienda a las personas en paro, sin prestaciones y que permanezcan más de tres meses fuera de España".
Los socialistas argumentan en la declaración que "no se puede abandonar a estas personas que, además de hacer frente a la dolorosa situación de tener que marcharse de su país para buscar empleo, ven ahora peligrar su derecho a la atención sanitaria".
Samuel Caro. |
Esta iniciativa socialista tiene por objeto, según ha informado el PSN en una nota, "evitar que Navarra, en el ejercicio de sus competencias, aplique la enmienda presupuestaria del Gobierno del PP para quitar en 2014 la tarjeta sanitaria a los españoles en paro que hayan agotado sus prestaciones y que emigren a otros países en búsqueda de trabajo, por un periodo superior a los 90 días".
En este sentido, los socialistas recuerdan que "otras comunidades autónomas como Andalucía y Asturias, gobernadas por el PSOE, ya han anunciado que incumplirán este nuevo recorte de derechos del PP que perjudica a los españoles en paro que emigran".
El PSN ha indicado que "el Gobierno de Rajoy considerará que estas personas ya no tienen su residencia habitual en España y, por tanto, pierden el derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a través del Sistema Nacional de Salud". Como consecuencia de ello, ha añadido, "a su regreso a España deberán acreditar formalmente que residen nuevamente en España y solicitar que se les reconozca expresamente el derecho a la asistencia sanitaria pública".
"Este nuevo recorte de derechos confirma lo que hemos venido denunciando en relación al cambio de modelo de servicio público que ha introducido el Gobierno de Rajoy, al dejar de considerar la atención sanitaria como un derecho universal y vincularlo a cotizaciones sociales, con distinta condición, de asegurado o beneficiario", ha afirmado el PSN.
De esta manera, ha precisado, "grupos de ciudadanos, como ya ocurrió con los inmigrantes en situación irregular, quedan en una situación de exclusión en el servicio sanitario público, una situación de pérdida de derechos que nos puede retrotraer al modelo de beneficencia".
La declaración institucional termina señalando que "la exclusión de estas personas de la cobertura pública no es una medida de eficiencia y sí un recorte de derechos que de nuevo ataca a las personas que peor lo están pasando".