Redacción. Pamplona
Representantes de la Comisión por el Derecho al Aborto han comparecido en una sesión de trabajo en el Parlamento, solicitada por PSN, Bildu, Aralar-NaBai e I-E, para dar su opinión sobre el informe de la Cámara de Comptos relativo a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la sanidad pública y así como sobre la postura mostrada por el Gobierno.
La comparecencia, en la que han apoyado las conclusiones de la Cámara de Comptos entre las que se encuentra la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, ha coincidido con la celebración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. La comisión ha criticado que las mujeres en Navarra tras recibir información y ser tratadas inicialmente en la sanidad pública tengan luego que acudir a un centro privado para abortar.
![]() Helio Robleda, presidente de la Cámara de Comptos. |
En 2011 hubo en Navarra 844 abortos, de los que el 99,64 por ciento se practicaron en centros privados (841), lo que constata que las IVE son "prácticamente nulas" en la sanidad pública, pese a que, según han dicho, dispone de medios y de profesionales dispuestos a realizar estas intervenciones con "todas las garantías".
Al analizar los datos han hecho hincapié en el alto porcentaje de mujeres que no usaron métodos anticonceptivos, lo que hace, en su opinión, necesario incluir la educación sexual como materia curricular desde Primaria, facilitar el acceso universal a los anticonceptivos y políticas dirigidas a sectores más vulnerables.
Según los datos que han aportado, el 95,7 por ciento de las mujeres que solicitó la interrupción de la gestación no deseaba el embarazo, por lo que desde la comisión se ha cuestionado el periodo de reflexión de tres días que se da a las mujeres que acuden a abortar.
Asimismo han dicho que los datos "desmitifican la creencia bastante extendida de marginación o pobreza extrema de las mujeres que deciden abortar", ya que el 65 por ciento tiene estudios entre Secundaria o Bachillerato y más del 40 por ciento trabajaban cuando decidieron abortar.
Contrarios a la postura del Gobierno central
La mayoría de las interrupciones del embarazo se producen en las doce primeras semanas, el 87,78 por ciento entrando en "el motivo de a libre petición de las mujeres", el supuesto que, han remarcado, quiere eliminar el PP en su reforma de la ley.
Al respecto han opinado que es "erróneo el postulado según el cual leyes restrictivas en materia de aborto favorecen la maternidad, porque la mujer que quiera abortar lo hará sea legal o no" y si se restringe esa posibilidad se favorecerá el aborto clandestino y la mortalidad de las mujeres que acceden a un aborto inseguro, han añadido.
Si sigue adelante el "cambio radical de la ley" que plantea el Gobierno central la ley "va a quedar absolutamente invalidada", según una portavoz de la comisión que ha opinado que la situación sería "peor que con la ley de 1985 a efectos de la criminalización de las mujeres y el personal sanitario".