Los conciertos del Sermas pasan una triple auditoría: "Se mira euro a euro"

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha defendido el modelo de fiscalización que actualmente permite calcular los pagos a las empresas que gestionan los hospitales de titularidad pública de la región bajo el denominado modelo de colaboración público-privada. Fuentes de la institución han aclarado que el desembolso es fruto de una triple auditoría realizada por los funcionarios autonómicos y que se circunscribe únicamente a abonar los servicios prestados en cada centro. Una fórmula con la que han querido cerrar la puerta a que cualquier tipo de relación personal pueda influir sobre el proceso de liquidación. “Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con ninguna persona particular”, han apuntado.

La respuesta se produce después de que se haya dado a conocer que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, trabaja para Quirón Prevención, una de las filiales del grupo hospitalario pero que no tiene relación directa con la gestión de los hospitales repartidos por la región. “El modelo no tiene conexión alguna con la situación fiscal o patrimonial de ninguna persona particular”, han apostillado desde la Consejería.

Actualmente, los hospitales de colaboración público-privada de la Comunidad de Madrid pasan por tres auditorías realizadas por personal técnico. En la primera se analiza que los pacientes atendidos estén adscritos al Sermas, en la segunda se verifica los datos sobre la actividad sanitaria que realizan los centros y en la tercera se comprueba la concordancia entre lo declarado por las empresas y lo realizado. Para apuntalar el proceso, esta información pasa también por la Intervención General de la Comunidad de Madrid y la Cámara de Cuentas.

Fiscalización de los conciertos del Sermas

Este modelo de supervisión de los servicios prestados es el principal argumento de la Comunidad de Madrid para defender que no es posible ningún tipo de desviación de fondos, independientemente de las personas que formen parte de las compañías en sus diferentes divisiones. “No estamos privatizando, no estamos dando mayor peso a conciertos privados y todo lo que tenemos es titularidad pública, lo fiscalizamos euro a euro con un sistema complejo”, han detallado desde la Consejería.

Una vez superado este proceso, si existe alguna discrepancia en las cuentas entre la empresa y la administración, el caso puede terminar resolviéndose en los tribunales donde se determina cuánto dinero hay que abonar por la prestación de los servicios. Un factor que ha provocado que en algunos casos se sigan abonando partidas que datan del año 2016. Aunque el compromiso del Gobierno pasa por agilizar el proceso con la contratación de más personal y recursos tecnológicos. 

En Madrid actualmente hay cuatro hospitales bajo el régimen de colaboración público-privada en los que la asistencia sanitaria depende de la empresa concesionaria (Torrejón de Ardoz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Villalba). A ellos se suman otros dos centros que están concertados desde el año 2006, el Gómez Ulla, propiedad del Ministerio de Defensa, y la Fundación Jiménez Díaz. Estos centros han atendido en el último año más de 130.000 ingresos, 135.000 intervenciones quirúrgicas y un millón de consultas externas. Mientras que han dispensado 270.000 tratamientos de hospital de día y cumplimentado 750.000 pruebas diagnósticas.

Inversión de Quirón Prevención en Madrid

Desde la Consejería de Madrid también han aprovechado para aclarar su relación con Quirón Prevención. La empresa ha logrado en las dos últimas convocatorias el concurso público para realizar los chequeos médicos a los trabajadores de la administración autonómica tras obtener la mejor puntuación en el pliego de condiciones. Solo en el último año, cerca de 9.000 empleados se hicieron las pruebas anuales. Según datos de la Consejería, este servicio se ha traducido en una inversión de cerca de 9 millones de euros desde el año 2019, lo que representa un 5 por ciento del total desembolsado por todo el grueso de las comunidades autónomas para realizar esta misma actividad. El Gobierno de España también ha contratado estos mismos servicios por un monto de 159 millones para dar servicio a la plantilla de varios ministerios o a Aena.

Desde la Consejería desvinculan esta actividad de los conciertos de colaboración público-privada suscritos, en este caso, con Quirón Salud, empresa concesionaria de tres de los cuatro hospitales de gestión indirecta de la región (Valdemoro, Móstoles y Villalba). “Son dos empresas distintas que no tienen nada que ver en términos jurídicos y de actividad”, han aclarado.