La Gerencia de Primaria recuerda que la productividad variable está sujeta a la firma del contrato-programa

Antonio Alemany.

Cristina Mouriño.
La Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid ha rechazado que se haya excluido a 90 centros de salud del proceso de evaluación de objetivos de 2013 para el cobro de la productividad variable, tal y como ha denunciado la Plataforma de Directivos de Centros de Salud. Antonio Alemany, responsable de la Gerencia, ha explicado a Redacción Médica que “el cobro de los incentivos va ligado a la firma del contrato programa por parte de cada profesional, no de un centro o de otro”.

Según ha señalado, “es el profesional, a nivel individual, el que decide si suscribe o no el contrato-programa que se firma cada año con las direcciones de los centros de salud”. De esta forma, ha explicado el gerente de Primaria, “puede darse el caso de que el director de un centro de salud decida no firmar dicho contrato pero eso no impide a los profesionales de dicho centro suscribirlo, optando de esta manera al cobro de incentivos ligados al cumplimiento de los objetivos previamente establecidos”.

Alemany ha subrayado que “la firma del contrato-programa es uno de los requisitos indispensables para ser evaluado posteriormente, a la hora de determinar los incentivos, que se establecerán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los mismos”. “Por lo tanto”, ha continuado, “si no se firma el contrato-programa, no se hace evaluación”.

El Gerente de Atención Primaria ha recordado que esta evaluación parte de la resolución que elabora la Dirección General de Recursos Humanos, que es la competente en esta materia. “Además”, ha concluido, “cualquier profesional, firme o no el contrato-programa, tiene acceso a los indicadores que evalúan la actividad del centro y que, posteriormente, determinan los incentivos a percibir”.

Amyts: “Es una represalia tardía e injustificada contra los que se manifestaron contra la privatización”

El Sindicato Médico de Madrid ha criticado que “la Gerencia única de Atención Primaria y la Dirección General de Recursos Humanos castigan de forma evidente a los profesionales de 90 centros de salud con la exclusión de la valoración de su actividad a la que están obligados y posterior impago de la productividad variable”. Amyts lo entiende como “una represalia tardía e injustificada, que no puede tolerar, ya que son estos centros de salud los que de una manera clara y contundente se manifestaron contra la privatización”.