La Asamblea de Madrid se opone a crear un registro de objetores del aborto

Con los votos en contra de PP y Vox, la Asamblea de Madrid se ha opuesto este jueves a crear un registro de objetores de conciencia del aborto como aprobó el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, en una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la agrupación parlamentaria Más Madrid.

En el texto, la formación planteaba que este registro se limitara tanto al personal que interviene en la práctica como al encargado de la gestión y organización de los recursos humanos para las mismas. Además, recogía que se contemplen dos modalidades y que se tenga que explicitar sobre cuál se objeta: la total -cualquier tipo de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)- o la parcial -donde se incluyen en qué supuestos se negaría-.

Desde Más Madrid pedían también que se reajusten las plantillas y que se reorganicen en los hospitales públicos para que se puedan realizar en condiciones de equilibrio y sin crear sobrecarga en algunos centros, además de la creación de una comisión de seguimiento para analizar cómo se aplica.

Esta iniciativa se planteó en línea con la aprobación del Protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en cumplimiento con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Defensa de la PNL 

Para defender la iniciativa tomó la palabra la diputada de Más Madrid Mariana Arce, quien reivindicó que la PNL buscaba que las mujeres pudieran acceder a esta intervención en la sanidad pública "sin trabas, sin acoso y sin depender de la capacidad económica". "En Madrid el aborto es legal, pero inaccesible", afirmó la diputada.

Arce cifró en un 0,27 por ciento las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan en la pública, según los datos de 2023, así como en 20.518 los abortos realizados ese año, de los que 56 no fueron en hospitales privados, que concentran el 99,7 por ciento.

En tanto, la diputada del PSOE Sara Bonmatí resaltó que lo que proponía la PNL es "cumplir la ley" y que "el registro de objetores no pretende estigmatizar o perseguir a ningún facultativo", sino "preservar precisamente que su desempeño profesional no se vea afectado por su condición o no de objetor". "En este sentido, la ley orgánica protege tanto a los médicos objetores como a aquellos que no lo son", remarcó.

Al hilo, consideró que el modelo sanitario de Madrid debe encaminarse "de forma progresiva a que el aborto se realice en los centros públicos de la región" con la "misma normalidad asistencial" que otros procesos. "Garantizando la atención, apoyo, seguridad y confidencialidad de las mujeres, y la formación conciencia y desarrollo profesional del conjunto de los sanitarios", destacó la socialista.

Argumentos en contra del PP y Vox

Por su parte, la diputada del PP Carlota Pasarón defendió que el registro de objetores de conciencia del aborto va en contra de "la seguridad jurídica y los profesionales sanitarios", además de asegurar que Más Madrid quiere un "señalamiento del que piensa diferente".

"Esa es su política, el totalitarismo, amordazar, coaccionar y cancelar a todo el que piensa diferente. Pero nuestra política, la del Partido Popular, pone a las personas, su formación científica y la realidad de cada caso por encima de la ideología. Porque la política buena y verdadera entiende primero la realidad y a las personas", aseveró.

Mientras tanto, desde Vox, la parlamentaria Raquel Barrero discrepó con la finalidad "absolutamente falsa" de la PNL al darle a la Administración la potestad de controlar "la objeción de conciencia y para hacer registros".