Entra en vigor la ley contra los 'dedazos' en las gerencias de hospital

La Ley de buen gobierno y profesionalización de la gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid, conocida popularmente como la ley contra los ‘dedazos’ en las gerencias de hospital, ha entrado este jueves en vigor, según informa el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), tras ser aprobada a mediados del pasado diciembre con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos.

Uno de los puntos más destacados de esta nueva ley, que tiene como objetivo mejorar y democratizar el funcionamiento interno del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), es la profesionalización en la elección de los gerentes de hospital y directores territoriales, hasta ahora elegidos a dedo. La normativa recoge que el proceso de selección para dicho puesto lo realizará una comisión designada por la Junta de Gobierno, que debe garantizar la equidad de la elección y evaluará y determinará las condiciones de la misma.

Para ello, la nueva ley establece reglamentariamente un sistema de elección que respete los criterios de adecuación al puesto de trabajo, la libre concurrencia y la publicidad. Así, las bases generales de los procesos selectivos de los directivos sanitarios tendrán que ser aprobadas por la dirección general del Servicio Madrileño de Salud y publicadas en el BOCM. Estas bases deben recoger los criterios de evaluación de forma clara y previa al inicio del proceso, con el objetivo de que la elección se pueda valorar con objetividad.

Por otra parte, los candidatos tendrán que presentar públicamente ante la comisión sus proyectos de gestión y sus currículos. El documento también especifica que los gerentes elegidos podrán ser personas que no hayan tenido previa vinculación profesional con la Administración pública.

El periodo en el que los candidatos seleccionados ejercerán como directores gerentes o directores territoriales será de cinco años, que podrán ser prorrogados por periodos iguales por la Junta de Gobierno. Durante ese periodo, la normativa recoge que serán sometidos a una evaluación continua y destituidos del cargo si la valoración es negativa. Si se llega a este extremo, la Junta de Gobierno tendrá que detallar los motivos por los que se ha decidido destituir al profesional del cargo o aludir a que ha vulnerado el Código de Transparencia, Ética y Buen Gobierno.

Una ley de consenso

La nueva normativa fue aprobada sin votos en contra y con la sola abstención de Podemos, que calificó su postura como una “abstención constructiva”, pues aunque su portavoz, Mónica García, reconoció que “es un primer paso fundamental”, dudó acerca de que fuese “un gran acuerdo” como sostienen el resto de grupos, ya que no aborda un cambio estructural.

Sin embargo, la voz disonante de Podemos es una excepción, pues esta ley fue aprobada con un elevado nivel de consenso y sin enmiendas vivas, ya que durante su larga tramitación, que ha durado dos años, se han transaccionado enmiendas de todos los grupos, además de recogerse aportaciones de diferentes sectores de la sociedad civil relacionados con la sanidad, como colegios profesionales o asociaciones.