El Summat desoye el diálogo y fuerza una huelga evitable

Redacción. Madrid
Da la impresión de que daba igual lo que propusiese la Consejería de Sanidad de Madrid. Desde el sindicato Summat estaban decididos a convocar tres días de huelga (11, 12 y 13 de diciembre), tal vez al calor de las próximas elecciones generales. Se ampara en que es una huelga "por la dignidad", sin dar una justificación al respecto.

Víctor Manuel Montegrifo, presidente del sindicato Summat.

Y es que no parece lógico que este sindicato haya mantenido la convocatoria de huelga si va a haber en breve un nuevo modelo de urgencias, un plan de ordenación de recursos humanos y un plan de contingencia para la gripe. La Consejería de Sanidad, a través de una carta firmada por el propio consejero, Jesús Sánchez Martos (acceda a las cartas de la Consejería y el Summat), pide que respeten el plazo de tiempo convenido para poner en marcha todo esto.

Los esfuerzos de la Consejería para acercar posturas con el Summat habrían llegado, según ha podido saber este diario, a intentar sentar al sindicato a la mesa sectorial, para lo que desde hace unas semanas habría enviado cartas a Amyts, Satse, UGT, CCOO y CSIT para intentar el consenso de todos para que esto se produjera.

Pero nada de esto parece haber sido suficiente para Summat, que se contradice convocando una huelga de tres días, después de que a la propia Consejería le dijese recientemente que la llegada del nuevo gerente del Summa 112, Pablo Busca, unido a la actitud dialogante del consejero, les abría "una puerta a la esperanza".

Tampoco aporta este sindicato la documentación precisa que hace referencia a denuncias de los trabajadores, y se vuelve a contradecir al justificar que no lo hace "por miedo a las represalias", algo que deja a la Administración en una difícil situación: no puede actuar porque no existen denuncias, y al tiempo está sufriendo una huelga por algo que no le dejan resolver por los cauces oficiales.

Finalmente el Summat, con su particular huelga ya convocada, se queja de que la consejería le ha obligado a unos servicios mínimos del cien por cien, cuando no es este departamento el que los fija, sino la Constitución Española, en su artículo 28.2, que indica que hay que asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales.