Redacción. Madrid
Tras hacer el anuncio el pasado 8 de abril, y transcurridos los plazos establecidos, la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid, ha presentado la correspondiente demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar la nulidad total del Plan de Ordenación de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad.
![]() Rosa Cuadrado. |
El sindicato pide la nulidad total del plan, por entender, según Rosa Cuadrado, secretaria de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Madrid, que este plan es una herramienta más, para ejecutar el plan privatizador de la Comunidad de Madrid, que ya ha ocasionado la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Se solicita la anulación completa del apartado sexto en su totalidad, relativa a la provisión de puestos de jefatura en centros hospitalarios, por entender que su regulación no es objeto de un plan de ordenación de recursos humanos, señala el sindicato.
La revocación de la movilidad forzosa de los profesionales por cierre del centro de trabajo, por concentración de la actividad en uno o varios centros de trabajo y por necesidades asistenciales justificadas, puesto que se conllevará la destrucción de empleo público, además de atentar contra los derechos laborales de los trabajadores.
Otro de los puntos incluidos en la demanda, es la anulación del apartado que permite a la Consejería “la cesión” de profesionales de centros sanitarios públicos, y cuya única finalidad, continua Cuadrado, es seguir descapitalizando la sanidad pública tanto en recursos materiales como humanos, revirtiendo todos estos recursos a favor de las empresas privadas, puesto que serán trabajadores públicos trabajando para una empresa privada.
La comunidad pretende integrar al personal funcionario sanitario de carrera, sin especificar si mantendrían sus condiciones económicas actuales o si esto provocaría despidos del personal funcionario interino, por lo que CCOO reclama la revocación completa de este apartado, entendiendo, que en todo la integración debiera ser voluntaria y con garantías del mantenimiento de los puestos de trabajo y condiciones laborales para el personal interino y para que aquellos que no optaran por la estatutarización.
En abril, la Consejería de Sanidad obligó a jubilarse a cientos de profesionales que tenían concedida la prórroga para poder continuar trabajando, a pesar de haber cumplido los 65 años. Con esta medida se amortizaron todos esos puestos de trabajo puesto que no se contrató a nadie para cubrir las jubilaciones, lo que en opinión de Cuadrado, está provocando una aumento en las listas de esperas y mayor derivación de pruebas diagnósticas o cirugías a otros centros sanitarios privados.