Considera que este proceso vulnera gravemente los derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores



29 jul. 2013 10:40H
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Redacción. Madrid
Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por las actuaciones de la Administración en el proceso de externalización de la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo.

Rosa Cuadrado.

Rosa Cuadrado, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO-Madrid recuerda que “el pasado día 28 de junio se presentó un requerimiento ante la Consejería de Sanidad solicitando la paralización del proceso, del que no ha habido respuesta, por lo que ahora se interpone recurso en materia de protección de derechos fundamentales, frente a la inactividad de la Administración demandada”, afirma en un comunicado remitido a esta redacción.

Rosa Cuadrado denuncia que “el proceso de privatización iniciado por el Gobierno regional de la Madrid vulnera gravemente los derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores, además de las normas legales y principios constitucionales del sistema sanitario público”.

La responsable de la FSS de CCOO-Madrid continúa comentando que “se vulnerará el derecho a la protección de la salud, ya que según las condiciones económicas publicitadas en los pliegos de licitación, las empresas adjudicatarias asumirán la gestión de estos hospitales con una rebaja del 20 por ciento del presupuesto asignado por paciente actualmente, lo que nos lleva a pensar que se producirá una rebaja de la calidad asistencial o una rebaja de las condiciones laborales, cuando no las dos cosas a la vez”.

Asimismo, CCOO denuncia “que se introducen factores de desigualdad en el acceso de los ciudadanos a determinados servicios sanitarios, porque, a juicio del sindicato, en estos centros podría prevalecer el criterio económico sobre el sanitario, ya que para la empresa concesionaria supondrá una pérdida de beneficios cualquier modificación o aumento en la cartera de servicios y siempre supondrá un aumento del beneficio empresarial cualquier rebaja en los servicios sanitarios que se oferten, o en sus estándares de calidad. Es decir en la práctica supondrá una dinámica en el que la salud sea una cuestión económica y no sanitaria”.

De igual manera, Rosa Cuadrado recuerda que “la Comunidad de Madrid pretende alterar sustancialmente las condiciones de trabajo de sus empleados públicos, permitiendo su ‘préstamo’ a las empresas privadas y dando un trato diferenciado entre trabajadores fijos y temporales, ya que estos últimos, perderán todos sus derechos actuales y se verán abocados a aceptar el contrato de trabajo temporal o indefinido, a tiempo total o parcial, que les oferte la empresa concesionaria, y que con toda seguridad, tendrá condiciones laborales muy por debajo de las hasta entonces hubieran tenido, por hacer exactamente el mismo trabajo”.

Por su parte, la máxima responsable de la Federación de Sanidad de CCOO de Madrid ha señalado que el “fin último de este recurso presentado ante el TSJM es que prospere y preserve los derechos constitucionalmente reconocidos a los trabajadores y a los ciudadanos madrileños, las garantías para el mantenimiento de un derecho fundamental, como el de la protección a la salud, en condiciones de igualdad”.
 

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