Alberto Núñez Feijóo.
La reforma de la
Ley de Salud de 2008 que está debatiendo este martes el Parlamento Gallego aboga por imponer multas de hasta
60.000 euros para aquellas personas que decidan no vacunarse. Así lo recoge el texto presentado por el grupo
Popular y que saldrá adelante con el voto mayoritario de la Cámara, el cual la Xunta podrá adoptarlo en situación de pandemia,
aplicando multas por no vacunarse, no llevar mascarilla o las facultades de ordenar confinamientos.
El texto, de 53 páginas, al que ha tenido acceso
Redacción Médica, ha sido firmado por los 42 diputados del
Partido Popular incluido el presidente gallego y recoge tres tipos de multas: leves (que oscilan de 1.000 a 3.000 euros), graves (de 3.001 a 60.000 euros) y muy graves (de 60.001 a 600.000 euros).
En este sentido, tal y como recoge el documento, la medida está catalogada dentro del apartado de "infracciones leves". Por ejemplo, el negarse a ponerse la vacuna contra el Covid-19 o la de la tuberculosis implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros. Según la norma se sancionaría la "negativa injustificada a someterse a medidas preventivas, consistente en la
vacunación o inmunización prescrita por las autoridades sanitarias, de acuerdo con establecido en esta ley".
Multas "muy graves"
Sin embargo, el hecho de no ponerse la vacuna contra el coronavirus Covid-19 en Galicia podría acarrear multas de entre 3.001 y 60.000 euros en el supuesto en el que la no vacunación “suponga un riesgo o un daño grave para la salud de la población, siempre que no constituyan infracción muy grave".
Esta parte está catalogada como infracción grave.
Pero las infracciones pueden llegar hasta las “muy graves”, que van desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros. En este apartado, por ejemplo, puede ser multado un profesional sanitario que no cumpla una cuarentena.
La oposición a la Xunta ya ha alertado de las dudas jurídicas que despierta esta ley de cara a la obligatoriedad de recibir una vacuna por motivos de salud pública.
Una medida pionera en España, que ninguna institución había defendido hasta el momento.
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