Un estudio covid exige abrir el historial a los médicos de residencias

Los responsables médicos y de Enfermería de las residencias en Cataluña no pudieron acceder al expediente clínico de los usuarios. Así lo determinan las constataciones y conclusiones del 'Informe del Grup de Treball d'Anàlisi de l'Impacte de la Covid-19 en les Residències', aprobado por Junts per Catalunya, ERC y PSC, pero sin el apoyo de la CUP ni de En Comú Podem.

En ese sentido, el documento también reconoce que el gran número de protocolos e instrucciones que se elaboraban mientras se conocían novedades sobre el covid dificultaba poder hacer un seguimiento adecuado de las medidas que hacia falta adoptar. En cuanto a la derivación de los residentes al sistema hospitalario, las decisiones se tomaron siguiendo criterios médicos, que el Sistema d'Emergències Mèdiques publicó. No obstante, "la tensión del sistema sanitario y la falta de coordinación con el sector residencial provocaron un acceso desigual a los centros hospitalarios".

Entre marzo y abril de 2020 murieron de coronavirus 3.896 ancianos que vivían en las residencias de Cataluña, de las cuales el 29 por ciento fue trasladada a un hospital. En ese sentido, el informe apunta que muchas residencias se quedaron sin personal sanitario debido a los contagios, además de la que no tienen servicio médico ni de Enfermería 24 horas, por lo que no se pudo valorar de forma individualizada el estado físico de cada uno de los usuarios.

Residencias atendidas por Primaria

Por todo ello, otra de las conclusiones es que la atención médica de los centros residenciales debe dejar de ser privada y se debe prestar desde el sistema público de salud. Concretamente, se debe realizar mediante los profesionales de los centros de Atención Primaria, lo que ha de comportar un incremento del número de profesionales, y no se puede prestar una atención sanitaria diferenciada según si las personas viven en residencias o en su domicilio.

En esta línea, el Goven debe asumir la inversión total necesaria para reforzar el sistema de atención domiciliaria, para que, de esta manera, sea el espacio de envejecimiento preferente de los ciudadanos antes de la institucionalización, y hace falta que abone a los ayuntamientos el 100 por cien del precio por hora que marca la ley para los servicios de atención domiciliaria.

A pesar de que los residentes deban ser atendidos por la sanidad pública, esto no es incompatible con dotar a las residencias de un equipamiento mínimo indispensable, como electrocardiograma, disposición de oxígeno o la posibilidad de hacer tratamientos endovenosos.

En definitiva, las personas que viven en residencias deben recibir una atención sanitaria en igualdad de condiciones que el resto de la población. La atención médica y el control de la salud de los residentes se debe llevar a cabo mediante la sanidad pública, siendo los referentes los centros de Atención Primaria, aunque las residencias dispongan de su propio servicio médico, que en todo caso será complementario y estará coordinado con los servicios públicos de salud.