El president Carles Puigdemont y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Esta semana saltaba a las páginas de los diarios que el Hospital del Mar, participado en un 60 por ciento por la
Generalitat de Catalunya y en un 40 por ciento por el
Ayuntamiento de Barcelona, había intentado cobrar 5.000 euros a una
familia argentina por la urgencia que presentaba uno de sus hijos, en edad pediátrica.
¿Pero cómo se puede producir esta situación en una autonomía y una ciudad que ha apostado abiertamente por la atención sanitaria incluso a los inmigrantes irregulares? La respuesta la ha dado este mismo viernes
eldiario.es que relata cómo el
Govern de
Carles Puigdemont y el Ayuntamiento que encabeza
Ada Colau han dejado en manos privadas el cobro de la asistencia a los pacientes extranjeros.
Según informa el mencionado diario, es una empresa la que se encarga de este asunto, y al parecer iría incluso a comisión, es decir, que cobraría según lo que facture a los pacientes extranjeros que pasen por las instalaciones de este centro público gestionado por el
Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona (que participan
Generalitat y Ayuntamiento, como antes se ha explicado). Este mismo sistema de cobro externalizado parece que se da en otros hospitales públicos, como el de Sant Pau.
Una empresa privada de un exgerente público
Este mismo diario informa de que uno de los titulares de esta empresa ha tenido responsabilidad en algún centro público, y da el nombre de
Francesc Xavier Palet Farrero, exdirector general del
Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona (de la red del Instituto Catalán de la Salud), que sería el administrador único de la compañía que ahora se encarga de gestionar el cobro a extranjeros en el Hospital del Mar.
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