El exconsejero de Salud, Antoni Comín; y el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.
El 27 de octubre de 2017, el Senado aprobó
aplicar el artículo 155 en Cataluña después de que el
Govern de Carles Puigdemont decidiera convocar un referéndum ilegal y declarar (en suspensión) la independencia de la autonomía. La activación de la herramienta constitucional supuso una intervención de facto de las cuentas de la Generalitat, situación que el independentismo ha aprovechado para afirmar que la presunta contracción del gasto por el 155 está afectando al trabajo de los investigadores. Sin embargo, estos
profesionales contradicen dicho análisis de la realidad.
Este periódico se ha puesto en contacto con diversas fuentes del entorno investigador público catalán, que en cambio difieren notablemente de lo que la rama independentista da como una verdad irrebatible.
“El 155 nos ha afectado a nivel burocrático, porque hay que justificar más cada gasto, lo que implica más papeleo, pero
los proyectos de investigación siguen como siempre”, explica una de estas fuentes. La misma añade que la intervención “fue previa al 155, cuando
investigaron si se habían desviado fondos para organizar el referéndum”. Aquella experiencia tampoco afectó a la investigación, y es que según señalan
“la mayoría de los fondos son europeos”, lo que les libra de tener mayor dependencia de las cuentas públicas catalanas.
Otras fuentes apuntan en el mismo sentido:
“En la práctica del día a día no se está notando: se están resolviendo, convocando y renovando las becas investigadoras”. De hecho, la queja común de los investigadores consultados no tiene que ver con el 155 sino con la falta de un Gobierno en la región. “Con la mejora de la situación económica, el Gobierno se había comprometido a subir las partidas para investigación, pero
como no hay Govern, tampoco hay nuevo presupuesto”. Otros mantienen un discurso similar: “Sí es cierto que
contábamos con algunas partidas presupuestarias que de momento están bloqueadas porque no se ha formado Gobierno”.
Las consecuencias de la crisis
Ha sido la asociación Servidors CAT la que recientemente
ha publicado un ‘Inventario de daños’ en la que se defiende que centros investigadores como la Fundación Hospital Universitario Vall d’Hebron, la Fundación Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, la Fundación Instituto de Investigación en Ciencias para la Salud Germans Trias i Pujol (IGTP), la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), la Fundación Instituto Mar de Investigaciones Médicas, la Fundación TICSALUT y la Fundación Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC), estarían
teniendo problemas en su funcionamiento ordinario por el mencionado artículo 155 y las supuestas constricciones.
Los mencionados investigadores han afirmado a este periódico, en contra de lo defendido por Servidors CAT, que las causas por las que estas instituciones no funcionan con toda la actividad deseable tiene sobre todo una
relación directa “con la crisis económica que se sufrió y la falta de recuperación de los niveles de presupuesto”.
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