El Sescam reclutará administrativos sanitarios con su ley 'anti-burocracia'

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha remitido el Anteproyecto de Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa al Consejo Consultivo para que elabore el informe preceptivo y se envíe a las Cortes en el mes de marzo. La propuesta tiene la intención de reducir la carga a la ciudadanía y a las empresas y conseguir una "mayor eficiencia en los servicios y relaciones entre la Administración regional, las personas interesadas y el tejido social y empresarial de la región", tal como indica el texto, y cuenta con unidades que incluyen a personal sanitario.

Como una medida de coordinación y colaboración para simplificar la labor administrativa, se tiene en cuenta tanto instrumentos de colaboración, como encomiendas de gestión y unidades administrativas de apoyo. Estas últimas, según el documento, podrán constituirse en los servicios centrales y/o en cada una de las delegaciones provinciales, adscritas al órgano con competencia en materia de coordinación.

Las unidades deberán asistir a los órganos administrativos cuando "razones de urgencia o necesidad así lo aconsejen en aras de una mejor prestación del servicio", además, estarán constituidas por personal funcionario público de la Administración regional, así como por personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

Podrán convertirse en definitivas previo informe de la persona titular de la consejería a la que estuvieren adscritas, cuando se determine la necesidad de contar con unidades especializadas en los servicios centrales y/o delegaciones provinciales.

Otras novedades del anteproyecto

El vicepresidente primero, José Luis Martínez, ha detallado que la futura norma busca "incrementar las cotas de agilidad en los expedientes", por lo que se ha incorporado el silencio administrativo positivo, el uso y regulación de la Inteligencia Artificial, la creación del Espacio Ciudadano y la regulación de la figura de las Entidades Colaboradoras con la Administración regional.

Entre otras novedades, se regula el doble silencio positivo ante un recurso de un ciudadano afectado sin resolver en plazo, se establece que los plazos de resolución de los procedimientos competencia de la Administración regional sean de tres meses y el plazo de emisión de informes internos se reduce a diez días.