Redacción. Toledo
El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que le obliga a readmitir a unos 400 interinos despedidos en agosto de 2012 y a pagarles el dinero que han dejado de percibir.
El Ejecutivo regional ha anunciado su recurso de casación contra la sentencia del tribunal autonómico, que ha dado la razón a los sindicatos UGT y STAS contra la decisión de la Junta de suprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban ocupadas por interinos.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos.
El Gobierno ha manifestado que respeta pero no comparte la sentencia, que sostiene que se vulneró el derecho a la libertad sindical, pues la negociación sobre la supresión de plazas no fue real, sino un trámite.
El TSJ expone que, aunque en la Administración no está obligada a llegar a acuerdos durante la negociación, el derecho de los sindicatos a la negociación "no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional".
Según los magistrados, a los sindicatos se les dio poco tiempo para preparar la reunión y no se les dio ocasión de alegar o exponer razones que pudieran ser atendidas, lo que pone de manifiesto "la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz". El Ejecutivo autonómico ha advertido de que esta decisión "podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas" de la comunidad autónoma "y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellanomanchegos".
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