El Estatuto de Castilla-La Mancha tocará la sanidad: de inversión a equidad

El texto que modifica el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha lleva una idea clara: blindar los servicios sociales, entre ellos, la sanidad. "Hace que en momentos de crisis no se adelgacen los servicios sanitarios como nos pasó antes", afirma el diputado socialista Ángel Godoy Martínez, portavoz de Sanidad del grupo parlamentario en las Cortes, a Redacción Médica.

La actualización de la norma reconoce el derecho a la promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a una atención sanitaria de calidad en todas las etapas y condiciones de la vida de las personas, así como el acceso en condiciones de igualdad a servicios sanitarios de calidad. Así lo explica el diputado, quien resalta el primer artículo: "La Junta de Comunidades tiene atribuida de forma exclusiva en materia de sanidad, la organización, gestión y el funcionamiento, la evaluación, la inspección y el control de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como la ordenación farmacéutica en el marco de lo establecido en la Constitución Española".

En ese sentido, contempla que la planificación y coordinación estatal en materia de sanidad y salud pública la realice la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, desglosando cuáles son las competencias específicas en este ámbito en el artículo 73. Y es que, tal como detalla Godoy Martínez, la prioridad es defender la sanidad pública ya que en la región no cuentan con inversión privada importante. "La sanidad privada en Castilla-La Mancha no invierte porque hay una sanidad pública fuerte y eso hace que no sea rentable", resalta a este periódico.

Despoblación y servicios sanitarios en Castilla-La Mancha

Para "mejorar todavía más" la sanidad autonómica, hacen hincapié en cuestiones como el modelo de financiación y en garantizar los servicios sanitarios en toda la región pese a la dispersión geográfica. "Creemos que se tiene que pagar desde el Estado la financiación efectiva de los servicios públicos, en este caso, de los servicios sanitarios. No es lo mismo prestar la atención sanitaria en Fuenlabrada que en la provincia de Cuenca", dice, destacando la necesidad de tener una mayor financiación. "Tienen los mismos derechos la gente que está en las zonas rurales que en las urbanas", añade. Así, se debe garantizar también la prestación de la "misma atención sanitaria", especialmente en Atención Primaria de las zonas rurales. En la actualidad, la comunidad está "por encima del 25 por ciento del presupuesto sanitario" destinado a Primaria, aunque "la intención" es que el Gobierno llegue al 30 por ciento, tal como explica el diputado.

Es precisamente el artículo 6 del texto el que señala que "corresponde a los poderes públicos de Castilla-La Mancha impulsar la lucha contra la problemática de la despoblación", en esa línea, defienden que la Junta de Comunidades "garantizará la adopción de medidas efectivas para el desarrollo rural en condiciones de igualdad y equidad", dotándola de "infraestructuras y servicios públicos suficientes, así como una adecuada fiscalidad".

Negociación con los populares

La intención de trabajar en la norma "más importante de la comunidad autónoma" fue un acuerdo del PSOE y del Partido Popular, que han mantenido reuniones durante dos meses con colegios profesionales, sindicatos y asociaciones sociosanitarias para consensuarla. "También es importante que la sociedad civil esté de acuerdo con lo que estamos haciendo porque tiene que generar seguridad jurídica", ha defendido el diputado, quien asegura que, "en general", el texto cuenta con una valoración positiva "sobre todo en que haya consenso político", ya que eso permitirá que "independientemente de que haya una crisis" o no, "nadie pueda recortar o meter la tijera en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha".

Aunque la iniciativa ha sido consensuada en todo momento, se espera ahora la aprobación del Partido Popular de tres modificaciones a una enmienda presentada por estos últimos, que nada tienen que ver con la propuesta sanitaria. "Nosotros creemos, porque no puede ser de otra manera, que el Partido Popular va a aceptar y finalmente se aprobará en comisión. Después se aprobará en el pleno e irá al Congreso", indica Godoy Martínez.

La estimación del diputado es que el texto se presente en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes tras la Semana Santa y conseguir los votos necesarios, ya que "no puede haber ninguna excusa" para que no sea así. "Esperamos, deseamos y no contemplamos ninguna otra posibilidad porque sería dejar en la estacada a toda la sociedad civil de Castilla-La Mancha y a los castellanomanchegos", subraya.