Covid-19: Castilla-La Mancha blinda por ley la disponibilidad de EPI y test

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, acompañado de los diputados de Cs Alejandro Ruiz y David Muñoz Zapata y del PSOE Isabel Abengózar y Fernando Mora, ha presentado la proposición de ley conjunta entre ambos partidos de la mano del Ejecutivo regional para garantizar que el 'stock' de material sanitario necesario para atender posibles pandemias sanitarias como la del Covid-19 tenga una capacidad para atender al sistema y garantizar el abastecimiento durante al menos 120 días.

En rueda de prensa, Martínez Guijarro ha recordado cómo al principio de la crisis sanitaria la falta de 'stock' en material sanitario fue uno de los grandes problemas para contener el avance del coronavirus, razón por la cual se acordó en el Pacto por la Reconstrucción de Castilla-La Mancha suscrito entre PSOE, Gobierno y Cs impulsar un marco legislativo para dar respuesta a posibles escenarios similares.

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De esta forma, ha defendido Martínez Guijarro, blindar por ley una reserva estratégica de productos sanitarios coloca a la región a la cabeza, ya que ninguna otra comunidad autónoma ha afrontado nueva legislación al respecto.

Reservas de fármacos

Dentro de esta norma, se incluye compras de pruebas diagnósticas -PCR y test rápidos-; una lista de medicamentos a discutir con los profesionales de Medicina y Farmacia; y equipamiento para pacientes críticos, además del material ordinario dentro de la categoría de Equipos de Protección Individual (EPIs).

Antes del 31 de octubre de cada año se evaluarán las necesidades de cada centro sanitario para regular cuánta será la necesidad de 'stock', ha detallado. Toda vez que se tramitará por la vía de urgencia, la intención es que entre en vigor en septiembre. 

Stock en centros sanitarios

La ley regula que todos los centros sanitarios, sociosanitarios o sociales de la red de la región, tanto públicos como privados, tengan reservas en sus almacenes para al menos 30 días de funcionamiento.

Para la gestión de estas reservas se creará un nuevo órgano de derecho público cuyo objeto fundamental será la adquisición y mantenimiento del material de esta reserva de todos los centros y servicios. Se le impone también la función de controlar las existencias mínimas de seguridad de todos los centros.