Sanidad no descarta la vía contencioso-administrativa si el ministerio no rectifica el copago hospitalario

Redacción. Salamanca
El consejero de Sanidad, Antonio Sáez Aguado, ha asegurado que el Gobierno de Castilla y León no descarta acudir a la vía contencioso-administrativa si el Ministerio de Sanidad no rectifica la decisión de aplicar el copago de los medicamentos de la farmacia hospitalaria a los enfermos crónicos.

Sáez Aguado, consejero de Sanidad.

No obstante, Sáez Aguado ha apostado por esperar a que haya una contestación del Ministerio de Sanidad al requerimiento formal presentado por la Junta el pasado lunes en contra de esa decisión del departamento que dirige Ana Mato.

“Ahora vamos a esperar la respuesta del ministerio y en función de esa respuesta tomaremos decisiones, y no excluimos el recurso judicial por la vía contencioso-administrativa en función de esa respuesta”, ha asegurado el consejero, que ha insistido en la incomprensión de la Junta respecto a una medida que no tendrá efectos disuasorios y cuya aplicación tendría, según “cálculos muy afinados”, una recaudación de 200.000 euros, es decir, el 0,07 por ciento del gasto en medicamentos en los hospitales.

“Esa es la razón en la que nos apoyamos”, ha explicado el consejero de Sanidad, quien ha insistido en su convencimiento de que la aplicación de esta norma no va a contribuir tampoco a la sostenibilidad  de la Sanidad Pública porque la recaudación va a ser “muy muy limitada”.

Tras advertir de que el efecto de ese copago “no puede ni debe” ser de carácter disuasorio, Sáez Aguado ha aprovechado la ocasión para aclarar que, en cualquier caso, el copago sería para los enfermos crónicos que ya están en su casa, los conocidos técnicamente como “ambulantes” que acuden al centro hospitalario para recoger una medicación que se prepara en los servicios de farmacia hospitalaria por razones de seguridad y de otro tipo, y no para los que están hospitalizados.

Finalmente, ha considerado que la resolución del Ministerio de Sanidad para aplicar este copago fue “un poco apresurada” y ha recordado que la Junta de Castilla y León ha ido siempre en este proceso por la “senda correcta”, primero con su pronunciamiento en contra en los grupos técnicos del Consejo Interterritorial de Salud. “Cuando se aprobó esta resolución lo manifestamos en términos políticos después lo hemos formalizado con ese requerimiento”, ha relatado.