La Junta mantendrá en suspenso la carrera profesional

Redacción. Valladolid
La directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, Esperanza Vázquez, ha aclarado que la carrera profesional para el personal de Sacyl permanece suspendida por ley y la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Tsjcl) sólo obligaría a la Administración a sacar la convocatoria de 2010.

Vázquez ha señalado que la carrera profesional sigue en suspenso tal y como establece la Ley 1/2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, normativa respaldada por el Tsjcl.

Esperanza Vázquez.

Por ello, y a falta de un análisis por parte de los servicios jurídicos, considera que el fallo del Alto Tribunal que da la razón a CCOO sólo se refiere a la convocatoria de 2010, ya que en el momento en el que se acordó suspender la carrera se acababa de resolver la de 2009 y había un "paréntesis" para la siguiente, que es lo que a su juicio ha recurrido el sindicato.

Vázquez ha incidido en que la sentencia señala la necesidad de sacar dicha convocatoria de 2010 pero no que se levante la suspensión de la carrera profesional ni que se tenga que convocar para los 37.500 profesionales.

Así, habría que retrotraerse a 2010 y convocarla para quienes en ese momento tuvieran derecho a acogerse a ella y cumplieran los requisitos establecidos. Por ello, ahora habría que estudiar cómo se tendría que llevar a cabo la convocatoria, algo que tendrán que estudiar los servicios jurídicos del Gobierno autonómico.

Sin embargo, esta interpretación difiere de la realizada por el sindicato CCOO, que este viernes ha dado a conocer la sentencia, y que considera que el TSJCyL obliga a la Junta a retomar las convocatorias de la carrera profesional y a ponerla de nuevo en marcha, lo que afectaría a 37.500 profesionales de Sacyl.

En efecto, el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones en Castilla y León, Pablo Vicente Vidal, ha recordado que el consenso para la carrera profesional fue “un gran acuerdo”, pionero y ejemplo para otras comunidades autónomas que lo tomaron como referencia y sus objetivos estaban dirigidos a mejorar los niveles de calidad de la asistencia sanitaria.

Para ello, ha insistido, los profesionales se comprometían a la modernización del sistema y se establecía como derecho voluntario la evaluación de los méritos asistenciales y valoración de las competencias específicas del puesto de trabajo en áreas como la asistencial, docencia, investigación, gestión clínica o formación.

Este acuerdo, alcanzado con el “máximo consenso”, supuso un “ejemplo de Estado” que fue copiado, pero ha asegurado que los “recortes” llevados a cabo “cercenaron” la posibilidad de avanzar para mejorar la calidad asistencial porque no se convocó la carrera en el año 2010.

A pesar de que el sindicato advirtió de que no era el “momento” ni “las formas”, no se llevó a cabo por lo que, en paralelo a las negociaciones, se inició la vía judicial, que en primera instancia no dio la razón al sindicato pero sí en el Tribunal Superior de Justicia, que ahora obliga a la Junta a convocar la carrera.

El fallo, según Vicente, “enmenda la plana” a la Junta como en el caso de las unidades de gestión clínica, y obliga a la convocatoria de la carrera, un motivo para “estar contentos e ilusionados”.

Por su  parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Jaime Redondo, ha incidido en que es la segunda sentencia en contra de la Junta tras lo que entienden que es "la gestión privada de la clínica" y no la gestión clínica propiamente dicha, que por su parte Vicente ha recordado que es algo viejo y fracasado que se puso en marcha en Inglaterra en tiempos de Margaret Thatcher.

Retraso en la aplicación

Además, ha señalado que esta decisión de la Junta ha supuesto un retraso de más de cuatro años en la carrera profesional, que tiene hasta cuatro grados de reconocimiento para los profesionales, “cuatro años de pobreza” que en sanidad tiene un valor “ineludible”, ya que supone un estímulo para la mejora de la calidad.

Los sindicalistas han señalado que están seguros de que el Gobierno, que “trabaja desde la sensatez”, no buscará “maneras torticeras” para salvar la sentencia sino que la acatará y convocará la carrera, pero además Pablo Vicente cree que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, “tomará cartas en el asunto y llamará al orden” a Sanidad una vez puesta en marcha la carrera profesional para el conjunto de los empleados públicos de la Comunidad.

Por ello, esperan que se “rectifique” y los profesionales puedan acceder a los grados de la carrera profesional que reconocen sus méritos porque además la paralización de la carrera supuso que la Administración perdiera una oportunidad para planificar el desarrollo profesional a lo largo de la vida laboral de los trabajadores sanitarios.

Además, Redondo ha añadido que aunque estos reconocimientos suponen un incremento de la retribución, no se puede contemplar como un gasto porque en el ámbito sanitario se debe tener en cuenta como “inversión”, ya que es “palpable” para los ciudadanos, que obtienen un “beneficio directo”.

“Esta Administración no puede contemplar la inversión en sanidad como un gasto”, ha insistido, al tiempo que ha incidido en que otras comunidades, tras tomar como referencia esta carrera profesional, también la han paralizado, por lo que han manifestado su esperanza de que sean “inteligentes” y retomen el “buen hacer”.