María Luisa del Real, consejera de Sanidad de Cantabria.
24 jun. 2016 20:25H
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La Consejería de Sanidad ha manifestado su rechazo a la resolución del exgerente del HUM de Valdecilla, César Pascual, por la que se interpreta una cláusula del Contrato de colaboración Público Privado (CPP) para la realización de una actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
En virtud de dicha resolución “el criterio de aplicación del mecanismo de deducciones y la entrada en vigor de los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y de calidad y disponibilidad de los servicios será de aplicación a partir de los seis meses de la entrada en funcionamiento de los mismos en la nueva infraestructura, Fase III del HUMV”.
Luisa Real ha criticado también la oportunidad de esta resolución, fechada el 17 de junio de 2015. Ha recordado que en esta fecha, posterior a las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno regional se encontraba en funciones, por lo que una medida de este tipo supone una deslealtad institucional para el nuevo Ejecutivo y para todos los ciudadanos de Cantabria.
En este sentido, ha destacado que, en el fondo, el objetivo de esta resolución no puede ser otro que la limitación de los mecanismos de control del contrato público privado de Valdecilla recogidos en este documento, perjudicando a Cantabria, a la Administración regional y a los ciudadanos.
La Consejera de Sanidad también se ha referido al fundamento de esta resolución, que se basa en un informe jurídico emitido por la consultora Hill-Antares, adjudicataria en febrero de 2015 del Servicio de asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad del CPP por valor de 649.830,5 euros y con vigencia de 24 meses. Este contrato fue rescindido por el actual gobierno de Cantabria en diciembre de 2015, asumiendo dichas funciones de seguimiento y control una comisión técnica integrada por profesionales del SCS y del Hospital Valdecilla.
Por parte de la consejera de sanidad se ha ordenado la apertura de un expediente de revisión de cara a la posible anulación de dicha resolución.
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