El Gobierno regional incauta la fianza de las obras de Valdecilla

Redacción. Santander
El Gobierno de Cantabria ha incautado la totalidad de la fianza depositada por la adjudicataria de las obras de Valdecilla, que asciende a 3,35 millones de euros, y una vez finalizada la liquidación de los trabajos ejecutados hasta la resolución del contrato, abrirá un expediente para determinar los posibles daños y perjuicios causados a la administración, daños que se exigirán a la empresa en el caso de que éstos sean superiores al importe de la fianza.

María José Sáenz de Buruaga.

Así lo ha explicado a preguntas de los medios de comunicación la vicepresidenta y consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, quien ha destacado que su departamento está actuando de acuerdo a la legislación vigente y al dictamen del Consejo de Estado que declaró procedente la resolución del contrato de las obras de Valdecilla por causa imputable al contratista.

Respecto a la continuación de las obras, la consejera ha anunciado que a lo largo de los 10-15 próximos días se iniciará el expediente de contratación y se publicará “lo que sería el equivalente a los pliegos”. “Estamos en la última etapa previa a la licitación, estamos finalizando el diseño jurídico de esta operación que finalmente va a revestir la fórmula de colaboración público-privada”, ha explicado.

Buruaga ha confirmado que los plazos que baraja el Gobierno regional siguen “vigentes”: adjudicación de las obras en torno a julio, inicio de las obras durante el verano y conclusión en el primer semestre de 2015.

Según ha explicado la consejera, la incautación de las garantías constituidas por la unión temporal de empresas (UTE) adjudicataria de las obras de la tercera fase de Valdecilla, se acordó en el momento que se aprobó la resolución del contrato de obras, el pasado 15 de noviembre de 2012.

La siguiente fase es la recepción y liquidación de los trabajos ejecutados “que sean de recibo”. Buruaga ha afirmado que el 21 de enero se ha procedido a la comprobación y medición de esos trabajos, y “actualmente estamos en fase de determinar la liquidación del contrato”, un procedimiento que cuenta con un plazo de dos meses y en el que hay que dar audiencia a todas las partes.

Como tercer paso, una vez finalizada la liquidación, se instruirá un expediente para determinar, en su caso, los posibles daños y perjucios causados a la administración como consecuencia de la resolución del contrato por incumplimiento de la UTE adjudicataria. El expediente permitirá determinar si esos daños son superiores a la fianza incautada (3.349.572 euros) para, en su caso, reclamárselos a la contratista.