Cantabria llevará al Congreso la reclasificación enfermera al grupo A1

El Parlamento de Cantabria ha solicitado al Gobierno de España a eliminar la “discriminación profesional y el agravio comparativo” que sufre el personal sanitario de Enfermería y Fisioterapia respecto a otros grupos profesionales sanitarios, “como consecuencia de su actual clasificación profesional en el subgrupo A2 establecida en el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015”. Es lo que recoge la Proposición no de Ley (PNL) aprobada por la cámara regional, que insta a la Moncloa a equiparar las categorías de enfermeras y fisioterapeutas con los médicos, para lo que el Parlamento autonómico llevará al Congreso de los Diputados la reclasificación de Enfermería al Grupo A1 en forma de ley.

Ante este escenario, el Parlamento autonómico ha instado al Ejecutivo español a modificar dicho artículo “para eliminar la clasificación en subgrupos A1 y A2 y sustituirlos por un único Grupo A”. Es decir, que Cantabria lo que busca, así, es la equiparación profesional de enfermeras y fisioterapeutas con los médicos en un mismo grupo profesional, a expensas de lo que pase finalmente con la potencial creación del Grupo A plus para los facultativos.

El Parlamento de Cantabria ha dado el visto bueno a la proposición presentada y defendida en la cámara por el Grupo Parlamentario Regionalista por unanimidad. Según el texto presentado por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), se trata de una clasificación profesional “obsoleta” que “no es coherente ni respeta la nueva estructura de las titulaciones universitarias implantada en el Plan Bolonia de Estudios Universitarios que homogeniza todas las titulaciones universitarias”.

Además, según ha defendido el PRC en su escrito, la consecuencia de esta clasificación perpetúa con una denominación diferente, lo que equivaldría a profundizar en la antigua diferenciación entre las titulaciones universitarias de licenciado y diplomado, lo que supone, a ojos del partido regionalista, una “incorrecta clasificación” del grado en Enfermería y del grado en Fisioterapia dentro del subgrupo A2.

“La permanencia legal de esta clasificación que mantiene a estos profesionales sanitarios en el subgrupo A2 impide a los mismos el acceso a puestos directivos y de gestión, como por ejemplo a las Gerencias de área en centros sanitarios o a grupos de investigación y docencia y para el grado en Enfermería y el de Fisioterapia, incluidos dentro del subgrupo A2, genera un agravio comparativo con otros profesionales sanitarios y trabajadores de la Administración que siendo también titulados de Grado universitario y con 240 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos), en cambio sí están incluidos en el subgrupo de clasificación profesional superior (A1)”, han argumentado en la PNL.

Compromiso de Cantabria en presentar la Ley

Pero, más allá de la aprobación de la propuesta del PRC por parte de la cámara regional, el Parlamento autonómico ha recalcado su compromiso de presentar ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley dirigida a hacer efectivo lo que el texto aprobado subraya. Que las enfermeras y fisioterapeutas del Servicio Cántabro de Salud (SCS) sean considerados parte de un único Grupo A, junto a sus compañeros médicos.

“No se entiende el porqué de esta interpretación legal discriminatoria en la que determinadas profesiones se siguen considerando, equivocadamente, meras colaboraciones y subsidiarias de otras de supuesta “superior categoría”, negándoles valor y cuestionando una verdadera entidad propia”, han justificado de la organización.

En ese sentido, han tildado de “especialmente grave” la circunstancia, teniendo en cuenta que el personal de Enfermería y Fisioterapia están “claramente feminizadas”. “Desde esta perspectiva de género”, prosiguen, “esta interpretación arbitraria de la ley vulnera la normativa española y europea vigente en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Es más, en el PRC han insistido en que esta situación “evidencia una agresión directa al desarrollo y a la dignidad profesional” de los sanitarios de ambas categorías, que precisa de “una respuesta de la Administración” para la “supresión” de dicha situación en el ámbito del empleo público, evitándose una posible fractura entre las antiguas y nuevas titulaciones dentro de la misma disciplina.