María José Sáenz de Buruaga, presidenta de Cantabria.
La Consejería de Salud del
Gobierno de Cantabria está avanzando en la
tramitación del proyecto de Policía Sanitaria Mortuoria de la comunidad autónoma. Y muestra de ello es el nuevo plazo otorgado por el departamento que dirige
César Pascual, que da
un mes para que los agentes sociales y sanitarios vuelvan a presentar alegaciones e indicaciones al
proyecto legislativo, si así lo consideran oportuno. En ese sentido, la estrategia del Ejecutivo pasa por reforzar el papel de su policía sanitaria en el
manejo de cadáveres sin que incurra en ningún riesgo para la salud pública.
Otros de los objetivos del cuerpo sanitario pasan por adaptar la normativa a los avances técnicos asociado al
tratamiento de cadáveres, trasladar los cadáveres
adaptándose a los nuevos medios de transporte y vías de comunicación,
regular la utilización de los cadáveres y restos humanos para fines docentes e investigadores, y por agilizar y simplificar “en todo lo posible” los requisitos y procedimientos administrativos previstos, sin que ello conlleve la merma de las garantías para la sal vaguada de la salud pública. Son unos ejes explicados por el propio Ejecutivo de
María José Sáenz de Buruaga en el portal online del Gobierno regional.
“La elaboración de este proyecto se presenta como necesaria, sin que puedan apreciarse otras soluciones alternativas”, explica el equipo de Sáenz de Buruaga, argumentando que el tiempo transcurrido entre la aprobación del primer decreto sobre esta cuestión y la actualidad se han producido cambios sustanciales tanto en los usos y costumbres en torno a la muerte como en los
avances técnicos en la prestación de servicios por las empresas funerarias, siendo “necesaria” la
adecuación de la norma. Y es que el texto inicial que regula este ámbito sanitario es el
Decreto 1/1994, de 18 de enero.
Alegaciones hasta el 24 de mayo
Este
nuevo trámite de audiencia e información pública del proyecto de
Decreto de Policía Sanitaria Mortuoria, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (
BOC), finalizará el próximo
24 de mayo, pues el Gobierno de Cantabria ha ofrecido un nuevo plazo para presentar alegaciones en esta segunda tanda de tramitación. “Ante la necesidad de disponer de un instrumento que permitiera armonizar la normativa en este ámbito, la Comisión de Salud Pública (
CSP) acordó la creación de un grupo de trabajo formado por representantes de las comunidades autónomas y coordinado por le Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con el mandato de elaborar una guía de consenso sobre cuestiones exclusivamente sanitarias en el ámbito de la sanidad mortuoria”, especifica el Ejecutivo cántabro.
Y es que, así, tanto el Ministerio como las autonomías buscan un documento de consenso que pueda ser utilizado como referencia por las propias comunidades y por la Administración General del Estado (
AGE) a la hora de elaborar modificar su propia normativa, “manteniendo así unos criterios comunes y armonizados”.
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