Trujillo defiende la legalidad de los contratos urgentes de mascarillas

El director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ha negado este miércoles que tenga algún "vínculo de amistad" con RR7 United, la empresa involucrada en el 'caso mascarillas', ni con el 100 por cien de los 365 contratos de emergencia firmados durante la pandemia.

En una comparecencia conjunta en comisión parlamentaria junto al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha defendido la "legalidad" del SCS en la operación y negado también que se le haya exigido dimitir por parte del Gobierno de Canarias.

Ha justificado el contrato con el momento de tensión mundial que había en el mercado sanitario y aunque ahora, con la "experiencia" de la pandemia igual se hubiera adoptado otra decisión, ha apuntado que volvería a colaborar con el comité de emergencia. "Volvería a decir que sí, vale la pena el trabajo que se ha hecho", ha agregado.

Domínguez, querellado por la Fiscalía Anticorrupción por indicios de prevaricación y tráfico de influencia (al empresario Rayco González por estafa agravada y blanqueo de capitales), se ha amparado en la modificación de la normativa de contratos públicos, vía real decreto ley, que permitía, entre otras cosas, el abono de pagos por adelantado o que las empresas suministradoras de material no tuvieran ese objeto social.

El Supremo reconoce la "excepcionalidad" de los contratos

Además, ha señalado que el Tribunal Supremo ha reconocido la "excepcionalidad" de esos contratos y que el Tribunal de Cuentas también admite la "emergencia" de los suministros. Domínguez ha recordado que las mascarillas contratadas estaban avaladas por los departamentos de Medicina Preventiva y Medicina Legal y ha insistido en que siempre se buscó el "interés general", incluso cuando se trató de renegociar con la empresa dado que hacía falta material y había olas "gravísimas" de Covid-19.

El director del SCS ha puesto como ejemplo de la situación del mercado que casi la mitad de las empresas que suscribieron contratos con el SCS no se dedicaban a material sanitario e incluso, la que vendió el robot para hacer las pruebas PCR estaba vinculada a la rama de electricidad.

Ha señalado en que es el principal "interesado" en que "se aclare todo" y asegurado a los diputados que si hubieran conocido a alguien en disposición de ayudar con material en marzo, abril y mayo de 2020, "lo hubieran puesto a disposición del SCS".

Una situación "anormal" del mercado sanitario

Trujillo, por su parte, ha insistido en la situación "anormal" que se vivía por esos meses hasta el punto de que se permitió hacer contratos modificando la normativa para tratar de "preservar la salud" de las personas.

Ha tildado de "mezquino" que desde CC-PNC se utilicen las dimisiones de Alberto Pazos al frente del SCS y de la directora general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, cuando se debieron a motivos personales, y al igual que Domínguez, ha comentado que se podían hacer pagos por adelantado.

El consejero ha incidido en que van a "seguir colaborando con la justicia" y se personarán en la causa judicial cuando se abra para "tratar de recuperar el dinero", en paralelo con el trabajo que se hace desde la Agencia Tributaria, que ya ha iniciado labores de investigación patrimonial. "No vamos a parar, la víctima no es el Gobierno de Canarias, somos todos los ciudadanos de Canarias", ha comentado.