Redacción. Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, ha señalado que la aplicación de la Ley de Dependencia “tiene dificultades” en toda España, pero “muy particularmente en Canarias”, ya que su entrada en vigor aconteció “en plena fase de vigencia de los planes sociosanitarios con los cabildos y la imposibilidad de derogarlos” al tratarse de convenios firmados con las instituciones insulares.
Inés Rojas, consejera de Políticas Sociales
del Gobierno de Canarias.
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“Una vez superada esta fase de acoplamiento, la aplicación de la Ley se estanca por una falta clara de presupuesto, y en este momento no podemos hablar de un problema de gestión sino en un problema de dinero, en un problema de falta de presupuesto estatal”, ha afirmado Rojas.
Así, ha asegurado que las autonomías aportan el 80 por ciento del presupuesto de la ley, “cuando la norma dice que el Estado debe poner el 50 por ciento”. En el caso concreto de Canarias se suma, además, que es la comunidad autónoma “peor financiada de todo el Estado”, ha destacado Rojas.
Rojas, que ha contestado a una pregunta de la diputada del grupo mixto, Carmen Rosa Hernández, respecto a un informe sobre la aplicación de la Ley de Dependencia elaborado por el Diputado del Común, ha asegurado que “desde que entró en el Gobierno el Partido Popular se está produciendo un ahogamiento de la ley a base de recorte presupuestario y de recorte de derechos y esa situación no la recoge el informe del Diputado del Común”.
En cuanto al citado Informe, la consejera manifestó su acuerdo con el mismo “en la necesidad de que la ley debe de seguir avanzando, aunque echo en falta un análisis global del escenario en el que se encuentra la ley”.
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