El diputado de Podemos Juan Márquez ha recordado que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las comunidades autónomas de la atención sanitaria en los centros penitenciarios.
La iniciativa pretende "que se cumpla única y exclusivamente lo que marca la ley, que no es otra cosa que se transfiera esta competencia con el correspondiente traspaso presupuestario, aprobada hace más de 13 años", ha subrayado.
De esa manera, las 3.213 personas que cumplen condena en las cárceles canarias tendrían garantizada una asistencia sanitaria adecuada a cargo del SCS.
Actualmente, la red de atención primaria de los centros penitenciarios está aislada del resto del sistema sanitario, por lo que las historias clínicas de los presos no se incluyen en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud.
Además, hay falta de personal sanitario, deficiente acceso a los tratamientos médicos y problemas para acceder a los medicamentos normalizados.
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