José Luis Bancalero, consejero de Sanidad de Aragón.
Aragón ha publicado el
Plan Anual Normativo para el 2025, que incluye, dentro del ámbito sanitario,
dos iniciativas legales y seis reglamentarias, que se desarrollarán este año. Dentro de las normas, destaca el decreto por el que se modifica el Decreto 35/2010, de 9 de marzo, del Gobierno autonómico, por el que se regula el
ejercicio del derecho a la segunda opinión médica.
Según se refleja en el documento oficial de la ordenanza, la emisión de otra consideración facultativa tiene la finalidad de “facilitar al paciente o a quien la haya solicitado
una mayor información que afiance la seguridad de su decisión informada, consciente, participativa y autónoma, en el mantenimiento y cuidado de su salud a efectos de
prestar una mejor asistencia sanitaria”. Además, se trata de una norma que fija las definiciones de ‘enfermedad rara’ y ‘proceso asistencial’, aparte de establecer las bases de cuándo se podría pedir una segunda opinión.
Ley de derechos y deberes de los pacientes
Otro de los puntos clave del Plan es el diseño del
Proyecto de Ley de derechos y deberes de los usuarios del Sistema de Salud de Aragón. Un texto que establece derechos como el respeto a la personalidad, dignidad humana e intimidad; que se le asigne un médico a un paciente cuyo nombre se le da a conocer; disponer de
una asistencia sanitaria “adecuada a las necesidades individuales y colectivas”, u
obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios.
Por otro lado, dentro de las iniciativas legislativas se encuentran la
Ley de creación del Instituto de Salud Pública de Aragón. Aparte de ello, también se pondrán en marcha decretos como el que crea el Comité de Ética de la Investigación, el que regula la Comisión de Innovación Digital del Sistema de Salud aragonés y el que regula el sistema de información sanitaria.
Además, se crearán por decreto
los premios Aragón de la Salud y se regulará la Comisión Interdepartamental de Salud Pública. A esto se suman el diseño de una orden reguladora de la Unidad de Alertas y una orden sobre Previos y Tarifas Máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.
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