Subastas, grados y empleo: normas sanitarias que el 19-J deja en 'barbecho'

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha jugado con la ficha del adelanto electoral durante los últimos meses. Con las encuestas a favor y ante la necesidad de garantizar unos Presupuestos para el próximo 2023, el jefe del Ejecutivo regional ha dado el paso y fijado en el 19 de junio el día de los comicios. Un adelanto electoral que deja sin aprobar una decena de normas que, o bien ya estaban en fase de tramitación en el Parlamento andaluz, o bien se encontraban en su fase final de elaboración.

En el ámbito de la sanidad, la más significativa de todas ellas es la nueva Ley de Farmacia, que entraba ya en su recta final, justo antes de aprobarse por el Consejo de Gobierno y someterse a votación ante los grupos políticos. Se trata de una norma que recoge las principales reglas sobre ordenación y prestación farmacéutica aplicables en la comunidad autónoma.

La principal novedad que se recoge en este texto es la eliminación del modelo de subastas, una de las principales promesas de Juanma Moreno cuando accedió al cargo de presidente, poniendo fin a un sistema que se instauró en el año 2012 durante el mandato del socialista José Antonio Griñán, como una medida para paliar los efectos de la crisis económica.

Otros de los puntos fuertes es la Atención Farmacéutica Domiciliaria, un servicio que ya está regulado en Galicia y que está pendiente de recibir el visto bueno en sede parlamentaria en la Comunidad de Madrid. Precisamente, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha reconocido recientemente tener a Madrid como modelo. De hecho, adelantó que ya estaban trabajando de una forma “muy estrecha” con los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la región. Sobre el servicio a domicilio, sostiene que “es una línea de trabajo colaborativa importantísima, que hemos puesto en marcha con el Covid-19”.

El adelanto electoral también deja en el tintero la puesta en marcha del grado de Medicina en las universidades de Almería y de Jaén. Ambas cuentan con el visto bueno de la Junta para comenzar a impartirse en el próximo curso 2022/2023. Sin embargo, su apertura ya se encontraba en el aire antes incluso de la convocatoria de elecciones.

Tal y como ya informó Redacción Médica recientemente, la falta de docentes médicos que cubran la oferta académica se suma a los nuevos criterios de financiación universitaria propuestos por la Junta de Andalucía, que tan solo en Jaén podrían en peligro no solo el nuevo grado sino la continuidad de diversos proyectos académicos. A pesar de que ambas universidades defienden disponer se docentes para los primeros cursos, los Colegios Médicos alertan de que estos perfiles “no son médicos”, algo que puede afectar a la calidad de la enseña.

A ello hay que sumarle la ausencia de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del acuerdo para la implantación del grado en el caso de Jaén, así como la aprobación definitiva de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) para Almería. Son procesos largos y que ya de por sí tienden a dilatarse en el tiempo, a lo que hay que sumarle el periodo de ‘parálisis’ que supondrá la propia celebración de elecciones y la incertidumbre de la dirección que tome el nuevo gobierno, si bien se prevé un Ejecutivo continuista y liderado también por el ‘popular’ Juanma Moreno.

En la misma situación queda la proposición de ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para estabilizar el empleo público temporal en Andalucía y que ya había sido admitida a trámite por la Mesa del Parlamento andaluz. Con esta ILP se busca que el Parlamento de Andalucía "apruebe la aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, contra el abuso de la temporalidad que el Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2021”.

La iniciativa propone "un Baremo de Valoración de Méritos que establece una mayor puntuación de la experiencia previa en el puesto específico dentro de la misma administración pública convocante, para que la experiencia en otros puestos o en otras administraciones no tengan la misma puntuación, y para que la experiencia como personal laboral no sirva para puestos de funcionario y viceversa".

Por otra parte, la renovación de los contratos covid en Andalucía, que se llevará a cabo atendiendo las diferentes categorías profesionales y con un límite en el número de contrataciones de larga duración, también permanecerá en ‘stand by’. Siguiendo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de renovar hasta fin de año con 12.000 empleos vinculados a la pandemia, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) hizo llegar a las áreas de gestión sanitaria en este mes de abril el orden en el que se deberán ir tramitando los contratos.

A este tipo de contratos se suma la estabilización de los MIR de último año, que también se podrían ver beneficiados por el plan de ofertas de nombramientos temporales. De este modo, la Dirección General de Personal del SAS busca cubrir las necesidades asistenciales sanitarias en la región a través de contratos de larga duración en la medida de lo posible.

Esta última medida, presentadas por el SAS, se dirige a unos 1.029 residentes que el próximo mes de mayo finalizarán sus formaciones, siguiendo así el compromiso andaluz de “fidelizar” a los nuevos facultativos a través de contratos en zonas de difícil cobertura.

De este modo, el SAS busca con este tipo de contratos un doble objetivo, por un lado fidelizar a los residentes y por otro la cobertura de la demanda asistencial en las zonas rurales. El plan de ofertas laborales supone así una oportunidad de conseguir un trabajo estable como muchas probabilidades de convertirse en fijo en un periodo de tiempo muy corto, dado el impulso dado por parte del SAS a la estabilización de sus trabajadores.