María Jesús Montero.

Redacción. Sevilla
La Consejería de Salud y Bienestar Social de Andalucía dejará de prestar este año los planes específicos y de atención preferente que se le dispensa a la población reclusa andaluza, en virtud de un convenio que el Gobierno andaluz mantiene desde 1995 con Instituciones Penitenciarias, como consecuencia del "impago" de la anualidad correspondiente al ejercicio 2012 que debía de hacer frente el Ministerio del Interior.

Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero han lamentado la suspensión de este programa, que viene llevándose a cabo de forma ininterrumpida desde 1995, "al no transferir el Gobierno el abono de la asistencia prestada por el sistema sanitario público andaluz en 2012, lo que supone, de facto, motivo de anulación del convenio por incumplimiento del mismo".

En concreto, las citadas fuentes han explicado que el Gobierno tiene que hacer una aportación económica anual en base a este convenio, cuya cantidad para este pasado 2012 no ha sido transferida, por lo que se rompería el mismo, como queda plasmado en la cláusula referida a incumplimientos de las partes.

En cuanto a los planes específicos que contempla el convenio, ahora en suspenso, las mismas fuentes han explicado que el mismo "intenta mejorar la asistencia sanitaria de la población reclusa con una atención preferente, como por ejemplo organizarles los horarios de citas con los especialistas, reservarles una serie de módulos de hospitalización, facilitarles la recogida de muestras analíticas en la propia cárcel o líneas de trabajos específicas en el área de salud mental, entre otros".

Sea como fuere, las citadas fuentes de Salud han subrayado que ya han solicitado una reunión con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, a fin de intentar retomar el convenio con el Ministerio.

Según publica este lunes el rotativo El País, con la extinción del acuerdo sanitario, los reclusos seguirán recibiendo atención en los centros del SAS, pero perderán los programas diseñados específicamente para ellos. Además, este diario explica que, aunque la adenda de 2012 nunca se llegó a firmar entre ambas administraciones, la renovación de estos convenios se da por hecha de forma automática y por ello se siguió prestando durante todo el año pasado la atención sanitaria a los presos como en ejercicios anteriores.