Redacción. Sevilla
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley del Deporte de Andalucía, que sustituirá a la vigente desde 1998, y que será el primero que se remita al Parlamento en la nueva legislatura.
Francisco J. Fernández.
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Esta norma creará una tarjeta sanitaria específica para el deportista federado, que recogerá toda su información médica, especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje. En este último aspecto, la nueva norma cubrirá una notable laguna de la legislación vigente y así dispone medidas de prevención y lucha contra el uso de sustancias y métodos que adulteran la práctica y ponen en riesgo la salud del deportista.
Entre otras previsiones, se creará la Comisión Andaluza Antidopaje; se publicará un listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos, y se fijará la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia.
Este texto legal ya fue remitido al Parlamento andaluz el pasado año, pero no pudo ser aprobado al agotarse la legislatura por la convocatoria de elecciones autonómicas el pasado mes de marzo, con lo que de nuevo ha tenido que pasar por Consejo de Gobierno y se enviará de manera inmediata a la Cámara.
Además incorpora medidas para la protección y difusión del deporte de ocio y de competición no federado, además de incluir la lucha contra el dopaje y regular por primera vez con rango legal el ejercicio profesional en el sector, según ha explicado el nuevo consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.
A partir de la consideración del deporte como un derecho que debe garantizarse en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad, según el consejero, el proyecto de ley introduce una nueva clasificación que otorga cobertura jurídica no sólo a la competición federada sino también a las actividades deportivas de ocio y a las competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares.
Otro organismo similar se centrará en prevenir y combatir la violencia, el racismo y la xenofobia. La protección de las personas que practican deporte es también el objetivo de otra de las grandes novedades del proyecto, que recoge la regulación de la cualificación profesional en el sector.
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