La Junta aprueba un régimen sancionador propio para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia

Redacción. Sevilla
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que modifica el reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de Servicios Sociales, vigente desde 2008, con el objetivo de garantizar la calidad, el seguimiento y el control de las prestaciones que utilizan las personas en situación de dependencia. La norma, que también desarrolla el cuadro de infracciones y sanciones previstos en la Ley 39/2006 (Ley de Dependencia), adecúa las tareas que realizan los inspectores para mejorar los aspectos asistenciales en esta materia.

María Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social.

Los cambios introducidos se dirigen sobre todo a reforzar la labor de verificación de la calidad de las prestaciones que se ofrecen a través del Servicio de Ayuda a Domicilio, así como de las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar.

Los profesionales de la Inspección realizaron el pasado año 74.209 visitas domiciliarias, de las cuales 17.102 se dirigieron al primero de estos fines y 57.107 al segundo. Su labor se completa con las actuaciones en centros residenciales (2.280 en 2012); las comprobaciones del correcto uso de los fondos públicos destinados a la atención a la dependencia, y la verificación de los requisitos de la autorización administrativa para el funcionamiento y concierto de los centros y empresas de servicios.

En segundo lugar, la norma desarrolla el modelo sancionador previsto en la ley estatal para crear un sistema propio y adaptado al elevado grado de implantación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en Andalucía.

El nuevo régimen sancionador establece, para faltas leves, multas de hasta 300 euros a personas cuidadoras y de hasta 30.000 euros a proveedores de servicios. Para las faltas graves, las cuantías son de 300-3.000 y 30.001-90.000 euros, respectivamente. Finalmente, para las muy graves, se fijan cuantías de entre 3.001 y 6.000 euros para personas cuidadoras y de entre 90.001 y un millón de euros para proveedores.

La Inspección de Servicios Sociales detectó el pasado año en Andalucía un total de 51 infracciones que dieron lugar a sanciones. De ellas, 15 fueron leves, 35 graves y una muy grave.