La interinidad computará como antigüedad en los concursos de méritos y la promoción interna

Redacción. Sevilla
El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para la modificación de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

Miguel Ángel Vázquez, portavoz de la Junta.

El texto plantea reconocer a los funcionarios de la Administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna, en la misma línea que el decreto ley para este mismo fin que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de agosto pero no convalidado posteriormente por el Parlamento.

A juicio del Ejecutivo andaluz, este cambio legislativo permitiría desbloquear los procedimientos de promoción interna pendientes, así como la convocatoria de un nuevo concurso de traslados. Actualmente se encuentra paralizado, a la espera de que se puedan baremar los méritos, el proceso selectivo de promoción interna correspondiente a la última oferta de empleo público. Por su parte, el último concurso de traslados fue convocado en 2011 y resuelto en 2013, cuando la normativa exige que se convoque cada seis meses.

La medida propuesta resolvería una situación que afecta a los derechos de movilidad y desarrollo profesional de más de 20.000 funcionarios andaluces, además de dar cumplimiento a la normativa comunitaria y evitar una sanción de la Comisión Europea.

Al igual que el decreto ley que no fue convalidado, la proposición supera la controversia suscitada ante las interpretaciones contrapuestas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la hora de baremar la antigüedad. En este sentido, supone una adecuación de la normativa autonómica a las directrices de la Unión Europea sobre igualdad de trato en los procesos de selección en el sector público, eliminando cualquier tipo de discriminación en la provisión de los puestos de trabajo y garantizando seguridad jurídica para las futuras convocatorias.