Investigados los 3 últimos gerentes del SAS por los contratos de emergencia

La Justicia cita como investigados a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a sus dos predecesores en el cargo por los contratos de emergencia de la Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha llamado al procedimiento en calidad de "querellados" a la actual responsable, Valle García Sánchez, y a los exdirectores entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, por la causa abierta tras la querella del PSOE en la que se denuncian las contrataciones de emergencia cuando ya se había dado por finalizada la pandemia del Covid-19.

El juez de Instrucción número 13 de Sevilla, Francisco Javier Santamaría, ha dictado un auto, con fecha de este martes, en el que admite a trámite la querella presentada por los parlamentarios socialistas. El magistrado cita a los querellados "para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella". Su declaración se llevará a cabo "en un momento posterior", según publica el Diario de Sevilla.

Los socialistas denunciaban en un inicio que las presuntas irregularidades se habían producido durante dos años y medio, entre 2021 y 2023. No obstante, la imputación de la actual gerente del SAS se ha producido a raíz de una ampliación de la querella que presentó el PSOE el pasado 11 de noviembre por las "posibles irregularidades en la contratación a través de procedimientos de urgencia por el SAS en el año 2024 contra Valle García en su condición de directora gerente del Servicio Andaluz de Salud".

La querella inicial del PSOE se centraba contra los ex gerentes del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, quienes firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros en el expediente de contratación 110/2021. A Guzmán, quien llegó a ser viceconsejero de Salud, y Vargas, se les solicitaba que fueran citados a declarar como investigados por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y de pertenencia a organización criminal.

Delito de prevaricación administrativa

Por ahora, en el auto de admisión de la querella, el juez aprecia solo un delito de prevaricación administrativa "sin perjuicio del resultado de la investigación". La denuncia del grupo parlamentario socialista insinuaba también que las responsabilidades podían alcanzar a otros miembros de la Junta de Juanma Moreno.

"Aunque parece evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía, no obstante ello y en el ejercicio responsable de la acción penal que nos hemos impuesto nos limitaremos a señalar, por ahora, como presuntos responsables directos de los hechos denunciados a Miguel Ángel Guzmán y a Diego Vargas, directores gerentes del SAS, firmantes de las resoluciones y de los contratos de emergencia a los que nos hemos referido en la denuncia", reza el documento que investiga el juez.

En una providencia, Santamaría requiere a la Junta de Andalucía que aporte todo expediente tramitado para su aprobación en Consejo de Gobierno desde el 6 de octubre de 2020 por el que sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios para el control financiero permanente.

A su vez, solicita al SAS para que aporte los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia de su servicio central entre 2021 y 2023, y requiere a la Intervención General de la Junta para que aporte cualquier documento en relación a la tramitación de expedientes por el procedimiento de urgencia, adicionales al informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias entre 2022 y 2023.