Redacción. Málaga
El gasto farmacéutico por recetas se sitúa por debajo de los índices de la media europea, habiendo experimentado una reducción del 27 por ciento en los últimos cuatro años, situándose este indicador en niveles similares a 2003. De hecho, en 2013 el gasto por recetas supuso el 14,5 por ciento del gasto sanitario público total y el 0,9 por ciento del PIB, cifras que nos sitúan por debajo de las que se exige por la Troika a los países intervenidos.
Juan José Sánchez.
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El Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga), el Departamento de Farmacoeconomía de la Universidad de Málaga (UMA) y la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) consideran que el gasto farmacéutico público está controlado e incluso con indicadores que se sitúan muy por debajo de la media de los países de nuestro entorno.
Así se puso de manifiesto en la Mesa de Farmacoeconomía y microgestión celebrada en el Commálaga, a la que asistieron el presidente del Colegio de Médicos, Juan José Sánchez, el coordinador de Áreas Profesionales del Commálaga, Juan José Bretón, Nuria García Agua, de la Cátedra de Economía de la Salud y Uso Racional del Medicamento de la UMA, el director de relaciones institucionales con las comunidades autónomas y Sociedades Científicas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, el presidente de la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario, Eduardo Martín, y Aurora Puche, Secretaría Técnica del Departamento de Profesionalismo del Commálaga.
García Agua declara por su parte que es una realidad que el gasto farmacéutico ha disminuido considerablemente en estos últimos años, puesto que son abundantes las medidas que al respecto se están tomando, y considera que la política en esta materia no se puede centrar en estas medidas exclusivamente economicistas, olvidando los resultados en salud, pues a la larga será contraproducente. “Se está haciendo gran esfuerzo en las medidas de control de gasto y se están olvidando temas tan importante como cuestiones de adherencia y correcto cumplimiento de los tratamientos. Si se trabaja en estos aspectos también se puede ahorrar costes”, reseña.
Por su parte, el director de relaciones institucionales con las comunidades autónomas y Sociedades Científicas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, afirma que “cuando una Administración limita el acceso a una prestación farmacéutica, limita el derecho a la protección de la salud del ciudadano”. “La principal preocupación deben ser los resultados en salud y no el gasto farmacéutico, que está controlado”, sentencia.
La secretaria técnica del Departamento de Profesionalismo del Commálaga, Aurora Puche, ha puesto sobre la mesa la situación que está siendo comunicada al colegio por médicos que trabajan para algunas compañías de seguros privados y atienden a pacientes de Muface, Mugeju e Isfas. "Estos médicos están siendo condicionados a prescribir determinados medicamentos que han sido incluidos en un listado elaborado por las compañías, como medicamentos que cumplen con los objetivos, frente a otros que consideran que no computan para los objetivos marcados", asegura. Desde el Commálaga se está valorando jurídica y deontológicamente esta situación a fin de proteger tanto la libertad de prescripción de sus colegiados como el derecho de los pacientes.
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