Enfermería exige a la Junta restituir los daños por la colegiación voluntaria

Redacción. Córdoba
El Pleno del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), que se ha reunido en Córdoba, ha acordado interponer, a través de los respectivos colegios provinciales, una reclamación ante la Junta de Andalucía “por los daños y perjuicios” que afirman les ha ocasionado la normativa andaluza en materia de colegiación.

Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo de Enfermería de Andalucía.

Según ha informado el CAE en un comunicado, el Tribunal Constitucional (TC) anuló en 2013 mediante dos sentencias el citado marco legal, que posibilitaba la no colegiación de los profesionales que trabajaban en el Sistema Sanitario Público Andaluz, pero, según el CAE, “pese al reconocimiento por la Consejería de Salud de la inconstitucionalidad de su norma y la obligación de acatar las sentencias del TC, aún siguen sin ejecutarlas”.

En el desarrollo del Pleno del CAE, celebrado este lunes, “se analizó si la reclamación por el impago de cuotas, ante la nulidad de la norma andaluza, habría que realizarla a los profesionales o directamente a la Junta y, tras estudiarlo, los presidentes de los colegios de Enfermería coincidieron en que los profesionales no son los culpables de que haya existido una ley inconstitucional, sino que es responsabilidad de la administración que la aprobó y es a ella a quien hay que reclamarle que se restituyan los daños y perjuicios causados”.

Los colegios de enfermería andaluces se encuentran, según el CAE, “en la obligación jurídica de exigir a la Administración autonómica el cumplimiento de las sentencias del TC, como señala la propia Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, que indica que los poderes públicos están obligados a cumplir lo que el TC resuelva”.

De esta forma, los colegios “tienen el deber de reclamar que se subsane el perjuicio que esta actuación negligente le ha causado y le está causando al colectivo enfermero, tal y como se dispone en el artículo 139.3 de la Ley 30/1992 (LRJ-PAC), que señala que las administraciones públicas indemnizarán a los perjudicados por la aplicación de actos legislativos que estos no tengan el deber jurídico de soportar. Además, sería una irresponsabilidad que las instituciones colegiales de Enfermería no hicieran valer dicho derecho ante los tribunales”.

Como consecuencia del incumplimiento del fallo del TC por parte de la Junta, los colegios de Enfermería andaluces “han sufrido un daño irreparable, que ha perjudicado el ejercicio pleno de su labor en defensa de la práctica correcta del colectivo enfermero, afectando al mismo tiempo a la seguridad de los pacientes, así como al resto de los profesionales sanitarios”.

El presidente del CAE, Florentino Pérez, ha indicado que “se trata de una responsabilidad patrimonial, que corresponde únicamente a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Salud, que continúan sin respetar el dictamen de nulidad de la normativa de colegiación andaluza que emitió el Constitucional, acarreando con esta sinrazón graves efectos económicos para el conjunto de nuestra comunidad”.