Andalucía da un paso más para hacer frente a las agresiones a sanitarios

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha informado este miércoles en el Parlamento andaluz sobre las medidas que se están llevando a cabo para frenar las agresiones al personal sanitario, donde sus primeras palabras han sido para condenar cualquier tipo de expresión violenta a los profesionales en cualquiera de sus ámbitos de trabajo. De este modo, ha comunicado que en los próximos días se van a convocar distintas mesas contra estos ataques.

Una de ellas promovida por el Sistema Andaluz de Salud junto a sindicatos, y otra por la propia Consejería, junto a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entidades profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes, entre otros.

En sendas mesas, ha dicho, Salud y Consumo llevará un plan de trabajo con acciones concretas en las que se ha estado trabajando en las últimas semanas. De estas sesiones de trabajo, ha concretado, espera que salgan “medidas consensuadas” que permitan erradicar, o al menos reducir, el impacto de las agresiones a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

“Las agresiones son comportamientos y actuaciones individuales que requieren de un conjunto de medidas a diferentes niveles: de concienciación, informativas, sancionadoras, coercitivas… En ocasiones, son medidas complejas, incluso a nivel legislativo, que requieren de plazos algo más extensos en el tiempo para su puesta en marcha definitiva. Por ello, debemos evaluar la efectividad de algunas de estas medidas a medio y largo plazo, porque deben calar, poco a poco, en los comportamientos sociales más vehementes”, ha señalado.

Hasta agosto se han producido 1.103 agresiones

Durante su intervención, ha trasladado que, hasta el pasado mes de agosto, se han producido 1.103 agresiones, físicas o verbales, a los profesionales del ámbito sanitario, lo que supone un aumento del 8,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. En su desglose, marzo tuvo el mayor número de agresiones, con 172, de las cuales 21 fueron físicas. Durante el desarrollo del Plan Verano, se ha producido una leve disminución del número de casos, “tendencia que esperamos se mantenga hasta el final de año”, ha afirmado. De hecho, en junio se contabilizaron 142 agresiones, un 1,4 por ciento menos que en 2022; en julio 134, un 5,2 por ciento más que el año anterior; y en agosto 106, un 8,49 por ciento menos que en 2022.

En la segregación por sexo, y siguiendo con los datos acumulados hasta agosto, el 60,7 por ciento de las agredidas fueron mujeres y el 29,3 por ciento hombres, porcentajes muy similares a los del año anterior. En relación con la naturaleza de la agresión, de las 1.103 agresiones, un 18,2 por ciento fueron físicas y un 81,8 por ciento no físicas, igualmente sin apenas variaciones con respecto al año anterior. También cabe reseñar que el 78,5 por ciento de las agresiones se producen a personal sanitario, y un 21,5 por ciento a personal de gestión y servicios. Por puestos de trabajo, en el caso del personal sanitario, el mayor número de agresiones se concentra en las figuras de las Enfermeras, Médicos de Familia y TCAE.

“Ni la violencia ni la agresividad pueden ser nunca la solución a un conflicto o a un problema personal. Es un tremendo error la canalización de la frustración hacia un profesional de la salud a través de una agresión física o una agresión verbal. Es un error en cualquier situación de la vida, no sólo en el ámbito sanitario. Por este motivo, debemos realizar un importante esfuerzo a nivel educativo para que la sociedad entienda la necesidad de enterrar definitivamente la violencia como un instrumento válido en cualquier manifestación de queja o de oposición”, ha añadido.

En esta línea, ha subrayado que los usuarios del sistema de salud deben tener muy presente que hay procedimientos normalizados que protegen sus derechos y que hay canales oficiales para que puedan presentar sus quejas y reclamaciones. Así, independientemente de las vías judiciales, pueden canalizar sus quejas a través de los Servicios de Atención al Usuario de los Centros Sanitarios, mediante los libros de sugerencias y reclamaciones, así como a través de la figura del Defensor del Paciente.

Medidas adoptadas

García, igualmente, ha hecho una relación de las medidas adoptadas tras la última mesa de trabajo en la que se pusieron en marcha tres importantes acciones. La primera ha sido el reconocimiento del personal sanitario y de gestión y servicios como autoridad pública, recogido en la Ley 5/2023, de 7 de junio, de la Función Pública de Andalucía. A través de esta figura, los profesionales cuentan con la adecuada asistencia jurídica y protección que resulte preceptiva en los procedimientos que se sigan ante cualquier órgano jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones.

La segunda medida se basa en el establecimiento de un régimen sancionador administrativo interno del Servicio Andaluz de Salud, con independencia de la vía judicial. Se trata, tal y como ha explicado, de disponer de un instrumento de garantía más, de modo que cualquier agresión, física o verbal que se produzca dentro del sistema sanitario, pueda ser sancionada económicamente, aparte de la denuncia que cada profesional de forma individual deba realizar. Sobre esta medida, ha puntualizado, al necesitar ser establecida con rango de Ley, se está estudiando el procedimiento más rápido y garantista para su definitiva aprobación.

Por último, la creación y puesta en marcha del Observatorio Andaluz de Agresiones a Profesionales Sanitarios, que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre, coincidiendo con la convocatoria de la nueva sesión de la mesa contra la agresión. “Este observatorio es un mecanismo de gran utilidad para disponer de la opinión y la experiencia de personas externas, expertas en situaciones de violencia y agresión, donde están representados los colegios profesionales, sindicatos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros”, ha detallado.

Asimismo, ha declarado que, junto a estos tres compromisos, se pondrán en marcha campañas divulgativas y de sensibilización, donde se ponga en valor la labor de los profesionales. “Es fundamental que la sociedad se haga permeable al trabajo de nuestros sanitarios a través del refuerzo de las relaciones de cordialidad y respeto. A su vez, estas campañas permiten recordar a la ciudadanía que la agresión a un profesional del Sistema Sanitario Público de Andalucía es un delito recogido en el Código Penal y en la Ley de Salud de Andalucía”, ha agregado.

Plan de Prevención y Atención frente a agresiones

Por otro lado, la titular de Salud y Consumo ha manifestado que la mayor parte de las actuaciones llevadas a cabo por la Consejería se enmarcan en el desarrollo del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, en vigor desde 2020, que cuenta con un catálogo de acciones que ponen el punto de mira en la seguridad y la protección del personal sanitario, tanto desde el punto de vista preventivo como asistencial.

En este punto, ha hecho hincapié en el programa especial de acompañamiento al profesional agredido, que dispone de un profesional de referencia con formación específica que ejerce como guía en la prevención de agresiones y actuación ante las mismas. Esta figura del profesional guía tiene como objetivo acompañar, asesorar en los trámites administrativos y judiciales, y, en general, brindar apoyo al agredido. Cada centro, en función de sus características y la incidencia de las agresiones, está implantando esta figura, que se nos antoja esencial para ofrecer un ambiente de seguridad y confianza tras la agresión.

Asimismo, el Plan también habilita canales ágiles y rápidos, de modo que la persona que sufre cualquier tipo de agresión no se encuentre en ningún momento sola después de una agresión. Por ello, se facilita atención psicológica al profesional agredido durante el tiempo que sea necesario.

Con una intención preventiva y disuasoria, ha indicado García, el Plan también ha venido a reforzar las medidas de seguridad en los centros de salud, consultorios y centros hospitalarios, así como en el desarrollo de la actividad de sus profesionales. Así, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 46.000 elementos de seguridad de distinta índole.

El Sistema Andaluz de Salud dispone de casi 4-000 cámaras de seguridad

Actualmente, el Sistema Andaluz de Salud dispone de 3.996 cámaras de seguridad, 5.344 timbres de asistencia en consulta, 1.142 consultas dispuestas con interfonos para la comunicación con el exterior, 14.633 terminales telefónicos en las consultas, 3.844 salidas alternativas en los centros sanitarios, 205 alarmas individuales y 15.081 dispositivos informáticos con el software antipánico instalado.

“Entendemos que estas medidas de seguridad aún no son suficientes. Necesitamos más y mejores, pero sí son un buen punto de partida y dan muestra de la preocupación de este Gobierno por el desarrollo de la labor de los profesionales de la salud en las condiciones adecuadas de seguridad y protección”, ha dicho.

Igualmente, ha sostenido que el Plan viene a mejorar la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas. “Es fundamental que el profesional agredido disponga de los canales adecuados en el caso de querer ejercer una denuncia. Para ello se contempla la asesoría jurídica durante todo el proceso”.

Sobre esto, ha concretado que del 1 de noviembre de 2022 al pasado lunes los letrados del SAS habían realizado un total de 246 asistencias, de las cuales 54 fueron sentencias condenatorias y de éstas, 17 fueron tipificadas como delito de atentado. Además, para que este Plan sea efectivo, se debe disponer de canales para su revisión y actualización. De este modo, cada provincia cuenta con comisiones donde participan distintos agentes, tanto sanitarios como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, donde se tienen en cuenta la idiosincrasia de cada zona y se realiza un análisis estructural que facilite la toma de medidas correctoras.