Tres recursos mantienen en suspenso la central de compras de productos sanitarios

Javier Barbado / Enrique Pita. Madrid
La central de compras de productos sanitarios sigue suspendida cautelarmente, a pesar de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) resolviera recientemente desestimar los recursos presentados por Menarini Diagnósticos, Johnson & Johnson y Bayer contra parte del Acuerdo Marco para la selección de suministradores de productos sanitarios para varias Comunidades Autónomas y Organismos de la Administración.

José Julián Díaz Melguizo, director del Ingesa.

Según han explicado a Redacción Médica fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, otros tres recursos, entre los que se encontraría el presentado por Laboratorios Hartmann, siguen pendientes de resolución y se estima que se demorará al menos una semana, que podrían ser dos. Además, una vez queden resueltos estos tres recursos el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) debe decidir si mantiene estos pliegos o introduce algún cambio en su redactado.

Un proceso que acumula un retraso de meses

A diferencia de lo ocurrido con las centrales de compras de medicamentos, de las que se han puesto en marcha varias, la de productos sanitarios continúa sin arrancar de forma definitiva. En mayo del pasado año el Ingesa desistió en la celebración de los acuerdos marcos para las compras centralizadas de medicamentos y de productos sanitarios y abordó un nuevo proceso de redacción de los pliegos.

En el caso de los productos sanitarios, las conversaciones con la industria concluyeron en unos pliegos de compras que recogían algunas de las reivindicaciones de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), en particular en lo referente a desistir de considerar el precio como factor único de adjudicación. Así, los pliegos conocidos a final de 2013 señalaban que el precio ofertado se valoraría con un máximo de 60 puntos, mientras que criterios técnicos, de juicio de valor o logísticos supondrían un máximo de 40 puntos, en función del lote. Sin embargo, varias empresas decidieron recurrir buena parte de los puntos, al entender que chocaban con la normativa vigente.

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