Cristina Mouriño.
El desarrollo de la validación periódica de la colegiación de los médicos, iniciada como proyecto piloto en los colegios de Valladolid, Soria y Granada hace dos años, ha despertado diferencias en torno a si es adecuado que esté apoyada por la Administración sanitaria. Redacción Médica ha hablado con los presidentes de estos tres colegios para comprobar cuál es el funcionamiento de esta herramienta que ahora pretende revisar e impulsar la Organización Médica Colegial.
Huerta.
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El pasado mes de enero el Consejo de Médicos de Castilla y León, liderado por José Luis Díaz Villarig, suscribió un convenio con la Consejería de Sanidad para impulsar este proyecto.
Según el Colegio de Médicos de Soria, uno de los tres que comenzó a pilotar este programa, “el apoyo de la consejería supone un plus y un valor añadido”. Según ha reconocido su presidente, José Ramón Huerta, a Redacción Médica, “el convenio con la Administración, ha añadido, no incompatibiliza lo que ya se venía haciendo desde el colegio”. Hasta la fecha una quinta parte de los colegiados sorianos han participado en este proyecto.
Antonio Otero.
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Por el contrario, el presidente de los médicos vallisoletanos, Antonio Otero, ha subrayado que “ya manifestamos nuestra contrariedad a que la Administración formara parte del proyecto”. A su juicio, “este es un asunto que tiene que ser tratado en el seno de la profesión, no con la Administración”. Otero ha recordado que este proyecto se aprobó hace dos años en la Asamblea General de la Organización Médica Colegial por unanimidad, pero ha reconocido que “ha funcionado muy lentamente”.
En el caso de Valladolid, han sido 140 los médicos que han solicitado validar su colegiación. Otero no descarta que este proceso, que ahora es voluntario, sea obligatorio en unos años, “como ya lo es en otros países de nuestro entorno, como Reino Unido”.
De Teresa.
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La validación se realiza cada seis años y se establecen cuatro requisitos que deben presentar los médicos: un certificado de aptitud psicofísica; un certificado que garantice que el colegiado está ejerciendo; un certificado de la Comisión Deontológica que testifique que el colegiado no está inmerso en ningún conflicto de este tipo; y un documento, voluntario, sobre su formación continuada.
Para el presidente del tercer colegio que pilotó el proyecto, el de Granada, “es bueno que la Administración conozca las ventajas de estos proyectos pero no debe controlarlos”. “La obligación de los colegios profesionales, ha señalado Javier de Teresa, es registrar y realizar el seguimiento de sus colegiados para garantizar la buena praxis, y la Administración tiene que comprobar que este encargo se lleva a buen puerto”. “Por supuesto, ha concluido, este proceso tiene que ser amable, fácil y voluntario”.
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