Una estrategia nacional para el ‘big data’ sanitario

Javier Barbado. Madrid
El Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad ha propuesto la creación de un plan nacional que regule y unifique el uso del big data sanitario, el conjunto de información clínica y de atención social ahora dispersa en los historiales que operan en cada comunidad autónoma.

El vicepresidente del Consejo Asesor de Sanidad, Julio Sánchez Fierro.

Su aprobación requiere, en todo caso, de un estudio previo pormenorizado que aclare grandes interrogantes abiertos por la reciente experiencia de Cataluña, como, entre otros, la manera de preservar el carácter confidencial de los datos y el derecho a la intimidad de los pacientes, según ha precisado a Redacción Médica el vicepresidente del organismo ministerial, Julio Sánchez Fierro.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dictaminó, en 2005, que los Estados desarrollaran políticas de salud para apoyar la gestión de los datos con más calidad, seguridad y eficiencia para los ciudadanos, numerosos países han esbozado algunas iniciativas que, en el caso de España, “han sido múltiples y bienintencionados a partir de trabajos-piloto en las comunidades autónomas, pero también inconexos”.

La interoperabilidad –revela el alto cargo del Consejo Asesor– constituye la premisa básica del big data del futuro próximo, y eso incluye la creación de un banco de datos estandarizado para homogeneizar los términos utilizados y compartir procesos de actualización periódica, así como la identificación segura tanto del paciente como de los profesionales (en este último caso, Sánchez Fierro precisa que debe restringirse de forma parcial en función del grado de responsabilidad del sanitario) mediante un código único válido pata el Sistema Nacional de Salud (SNS) y el sistema de servicios sociales.

Esa gran “explosión” de datos recopilados en una plataforma regulada en todo el Estado se erige como la iniciativa estrella de la sanidad en los próximos años y aspira, conforme a la explicación del entrevistado, a integrar a todos los agentes, incluido los sociales y sanitarios así como, dentro de éstos, los que trabajan en cada uno de los niveles asistenciales (Primaria y Especializada) y también el sector de la salud privado, pues “carece de sentido que las pruebas e informaciones recopiladas por esta vía no se reconozcan por el sistema público”.

Revertir el fracaso del DNI electrónico

Sánchez Fierro se ha referido asimismo a la posibilidad de que Sanidad rescate el uso del acceso electrónico del ciudadano a los servicios públicos recogido en la normativa estatal de 2007, sin duda “de escasa repercusión” en el sector hasta la fecha, así como a la publicación masiva de datos (el open data, proyecto paralelo al big data) que fomenten los planes de prevención y el acceso a las investigaciones científicas.

Por último, Sánchez Fierro ha recordado el paso previo a la estrategia nacional que ahora se baraja: la asignación a la e-Salud, por parte del Ministerio, de un Comité Permanente “al igual que ya lo hay de Farmacia, por ejemplo”, y ha recordado la recomendación del Consejo Asesor de instaurar una política tecnológica escalable en el SNS de forma “que cada paso se asiente en estructuras preestablecidas”.

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