Un Gobierno de coalición para transformar el trabajo y la espera en sanidad

El respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez para que continúe ostentando la Presidencia del Gobierno sella la renovación de un Ejecutivo que, liderado por PSOE y Sumar en coalición, tiene ante sí una amplia cartera de retos sanitarios.

La agenda de deberes pendientes va desde el cumplimiento de promesas reflejadas en el acuerdo suscrito entre ambas fuerzas políticas el pasado 24 de octubre, como la limitación por ley de las listas de espera sanitarias y el impuso de un plan de choque que refuerce la Atención Primaria, hasta la reanudación de trámites que se mantienen en impasse por la celebración de las elecciones generales en julio u otros motivos, como la reforma del Estatuto Marco. A todo ello hay que sumar las promesas reflejadas en los acuerdos firmados con los partidos nacionalistas para conseguir el apoyo a la investidura de Sánchez.

En definitiva, estos son los grandes desafíos en sanidad a los que se enfrenta el Gobierno de coalición PSOE-Sumar en el ámbito sanitario durante la nueva era de cuatro años en la Cámara Baja.

La ley para limitar las listas de espera sanitarias

La aprobación de la ley para fijar unos tiempos máximos en las listas de espera habría de ser, en teoría, uno de las metas más fáciles de conseguir para el nuevo Ejecutivo. No en vano, tanto PSOE como Sumar incluyeron la medida en sus programas electorales para concurrir a los comicios del 23J y, además, está reflejada de forma expresa en su acuerdo de Gobierno. El documento se concreta que el objetivo es que la demora no supere los 120 días en el caso de las intervenciones quirúrgicas, 60 para las consultas externas especializadas, 30 para pruebas complementarias y 15 días para atención a la salud mental de jóvenes, adolescentes y menores de 21 años.

Según los últimos datos del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SNS), que datan de diciembre de 2022, la espera media para las operaciones quirúrgicas ya está en esos 120 días, aunque el 20,8 por ciento de las personas llevaba más de seis meses aguardando su turno.

A falta de la anunciada ley, el Gobierno remarcó recientemente, en una respuesta parlamentaria, que la gestión de las listas de espera es competencia de las comunidades autónomas. Desde Sumar avanzaron a este medio que la normativa habrá de incluir la posibilidad de ‘castigar’ a las regiones que no respeten los tiempos de espera sanitarios que se dicten a nivel estatal. "Está claro que tiene que haber una comisión regulatoria de los tiempos de espera, para revisarlos y actualizarlos, y que, si no se cumplen, haya sanciones”, afirmaron.

Más allá de eso, ambas partes han dejado claro que la forma en la que se articule la ley para llevarla a efecto sin que merme las competencias de las comunidades autónomas está aún por decidir. “Lo que se ha firmado es un acuerdo de Gobierno para cuatro años. Cuando haya Ejecutivo y se constituyan las comisiones, será cuando empiecen los trámites”, señalaron desde el PSOE a Redacción Médica.

Punto final a las guardias médicas de 24 horas

Otro de los grandes retos pendientes es la eliminación de las guardias médicas de 24 horas, una de las propuestas más llamativas en materia de sanidad anunciada por Yolanda Díaz en campaña electoral. Aunque la medida no aparece de forma expresa en el pacto sellado entre PSOE y Sumar -los socialistas no la llevaban en su programa-, fuentes del partido de la vicepresidenta segunda del Ejecutivo en funciones aseguraron a este medio que la supresión de las guardias de 24 horas se incluye de facto en el acuerdo, en concreto, entre las propuestas para “dignificar” el trabajo sanitario a las que la propia Díaz hizo alusión en el acto del pasado 24 de octubre.

¿Jornada laboral de 32 horas?

Al respecto de las horas de trabajo, PSOE y Sumar se comprometieron en su pacto a pasar de las 40 horas semanales de jornada laboral actualmente vigentes a 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025, a partir de lo cual se estudiaría la posibilidad de seguir reduciendo la jornada legal junto a los interlocutores sociales. En el caso de la sanidad, la jornada ya oscila entre las 35 y las 37,5 horas, dependiendo de la comunidad autónoma. El quid de la cuestión es que, en campaña, los de Díaz hablaron de un horizonte mayor, y tanto Mónica García como Íñigo Errejón, líderes de Más Madrid y Más País, respectivamente, defendieron, a preguntas de Redacción Médica, que el objetivo de las 32 horas de trabajo es viable en el ámbito de la sanidad pública. 

El coordinador de Sanidad de Sumar, Rafael Cofiño, también aseguró a este medio que esa disminución del tiempo de trabajo semana hasta las 32 horas era uno de los "elementos capitales" de negociación con el PSOE antes de que se cerrara su acuerdo de Gobierno. Y aunque en el texto del pacto sólo se habla expresamente de la reducción hasta las 37,5, la puerta que se deja abierta a seguir negociando a partir de 2025 impide descartar que los profesionales sanitarios se beneficien de la implantación de la jornada de menos horas antes de que termine la legislatura.

Plan de choque en pro de la Atención Primaria

La puesta en marcha de un plan de choque para fortalecer la Atención Primaria era otra de las propuestas en la convergían los programas de PSOE y Sumar y cuya ‘verbalización’ en el pacto de Gobierno se daba por hecho, como así fue. En el documento se apuesta por permitir a las comunidades autónomas aumentar plantillas -incluyendo la creación de más plazas y la disminución de la temporalidad-, mejorar infraestructuras y modernizar el equipamiento de sus centros sanitarios.

Otras iniciativas de ‘refuerzo’ de servicios básicos contempladas como retos para la próxima legislatura son incrementar la cartera de prestaciones de la sanidad pública con salud bucodental y salud visual, crear un programa específico de ayuda directa para comprar gafas y lentillas para menores de 18 años y familias con pocos recursos, e impulsar un Pacto de Estado por la Salud Mental.

Tampoco se han concretado, por el momento, medidas para lograrlo, aunque, para las principales fuerzas sindicales, todo ello pasa por aumentar al 7,5 por ciento del PIB la financiación en sanidad en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). Cabe recordar que, en la propuesta enviada a Bruselas, el Gobierno opta por ‘congelar’ esa financiación sanitaria al 6,7 por ciento por “responsabilidad” por dos motivos: el contexto generalizado de inestabilidad económica y el por entonces carácter interino del Gobierno nacional.

Las cuentas pendientes del Estatuto Marco

Las negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos para reformar el Estatuto Marco quedaron en pausa el pasado abril después de que los agentes sociales se levantaran de la mesa ante la falta de un acuerdo, entre otros aspectos, de la reclasificación del personal sanitario. Aunque ya se había acordado eliminar el término ‘eventual’ de la normativa, aún queda mucha tela que cortar para llegar a un consenso definitivo entre ambas partes.

A pesar de que Sanidad tenía la capacidad de seguir manteniendo conversaciones tras el 23J aun estando en funciones, las organizaciones sindicales daban por hecho que no se volverían a sentar a negociar hasta que hubiera un nuevo Ejecutivo. La reclasificación de los profesionales sanitarios es uno de los puntos incluidos en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI firmado con Hacienda y Función Pública en octubre de 2022. Lo que sí se ha cumplido ya respecto a dicho acuerdo es la subida salarial del 0,5 por ciento de los funcionarios públicos.

Historia clínica electrónica entre todas las CCAA

El pacto de Gobierno también contempla lograr el “acceso compartido a historiales de salud y videoconsulta” entre comunidades autónomas. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital inició recientemente una consulta pública a la sociedad civil y el sector empresarial para pedirles aportaciones de cara a la integración de herramientas tecnológicas en tal sentido. El objetivo es asegurar el acceso total a la historia clínica en 2030.

Actualización de enfermedades profesionales

PSOE y Sumar se comprometieron, por otro lado, a actualizar el catálogo de enfermedades profesionales y el procedimiento de notificación accidentes de trabajo. Tanto sindicatos como organizaciones sanitarias abogan por que las patologías asociadas a la salud mental se incluyan en ese nuevo catálogo de enfermedades previo abordaje en el Ámbito de la Negociación. Arguyen que, en el caso de los profesionales de la sanidad, estas enfermedades se han agudizado por la tendencia a la digitalización en un sector con plantillas cada vez más envejecidas.

Estrategia de Salud Cardiovascular

El ya expresidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), Julián Pérez-Villacastín, destacó a Redacción Médica que una de las ‘espinitas’ que se lleva clavadas de sus dos años al frente del colectivo científico es que Sanidad no haya puesto en marcha la Estrategia de Salud Cardiovascular, a pesar de que en marzo ya la presentó a las comunidades autónomas.

“A lo mejor no se puede implementar completamente, pero sí hacer experimentos con pequeñas partes para que, si funcionan, luego se puedan extrapolar a otras áreas”, declaró a este medio.

A la espera de la Ley de Garantías

En enero, el Ministerio de Sanidad fijó diciembre de 2023 como fecha para tener aprobada la reforma de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, una actualización que el sector farmacéutico español espera con ganas. De hecho, en febrero, la industria pidió que se adelantaran algunas de las nuevas medidas que se contemplan al respecto, algo a lo que se negó Sanidad.

En el ámbito de la industria farmacéutica, otro de los aspectos cuya consolidación quedó en pausa por el 23J fue la actualización de los precios de referencia de medicamentos en el SNS. Sin embargo, no hizo falta esperar a que el PSOE se asegurara todos los acuerdos de investidura necesarios para hacer los deberes en este sentido. El pasado 1 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Orden para 2024, que incluye la creación de 33 nuevos conjuntos de referencia y con la que el Ministerio de Sanidad prevé ahorrar 217,54 millones de euros.

Concesiones a los partidos nacionalistas

En el acuerdo de investidura firmado por el PSOE y Junts per Cat, los socialistas se comprometieron a impulsar “el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut de 2006", en cuyo artículo 162 se establece que la Generalitat asumirá la competencia exclusiva “sobre la organización y el funcionamiento interno, la evaluación, la inspección y el control de centros, servicios y establecimiento sanitarios”, además de la ordenación farmacéutica.

Entre otras cosas, también se le concede la competencia compartida de la planificación de los recursos sanitarios públicos y la gestión de la FSE. Con ERC, por su parte, el PSOE acordó ceder a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de investigación científica y técnica.

En el PNV acordaron con el PSOE la cesión en tres meses de aspectos como la homologación y convalidación de títulos médicos extranjeros, entre los que se encuentran especialidades sanitarias como Medicina, Enfermería, Nutrición y Fisioterapia. Por otro lado, el BNG abrió la puerta a una futura transferencia de la FSE a Galicia, aunque ello no forme parte de su acuerdo de investidura con los socialistas.

El último partido en sellar su apoyo a Sánchez, Coalición Canaria, 'rascó' de los socialistas una nueva valoración del sobrecoste insular de la sanidad y un nuevo modelo de financiación autonómica para mejorar los servicios públicos básicos, incluida la sanidad.