Marcos Domínguez. Madrid
Susana Camarero.
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El Ministerio de Sanidad está preparando un nuevo real decreto, esta vez para regular el Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, creado el pasado septiembre. Este órgano servirá para definir y ejecutar las políticas estatales de control de la oferta y reducción de la demanda de drogas, así como asesorar en este campo y analizar las iniciativas que se lleven a cabo en el área por parte de las Administraciones Públicas. Con la creación del Consejo, desaparecen el Grupo Interministerial para el Plan Nacional sobre Drogas, así como el Consejo Asesor del Observatorio Español sobre la Droga y las Toxicomanías.
Estará presidido por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, cargo que ostenta en la actualidad Susana Camarero, y su vicepresidente será el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. El Ministerio de Sanidad tendrá representantes de cada uno de los órganos dependientes de la mencionada secretaría, así como del Instituto de la Juventud, la Dirección General de Salud Pública, la de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).
Además, el órgano contará con representantes de los ministerios de Interior, Justicia, Empleo, Educación, Hacienda y Asuntos Exteriores, así como de las comunidades autónomas, la Fiscalía General del Estado y de los principales agentes sociales.
En este sentido, se estructura en un pleno y comisiones especializadas, de las cuales tendrán carácter permanente al menos la sanitaria, la social, la de medio laboral y la del tercer sector. Pleno y comisiones se reunirán como mínimo dos veces al año.
El Consejo tiene un plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor del real decreto que lo regula para constituirse. En este periodo se nombrarán los vocales y secretarios del pleno y de las comisiones permanentes. La constitución inicial del Consejo, tanto del pleno como de las comisiones, tendrá lugar dentro de los primeros cuatro meses a partir de la entrada en vigor de la norma.
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