Rajoy aplica el 155: cesa a Comín y pone a Montserrat al frente de Salud

La sanidad catalana pasará a estar bajo el control de la Administración central del Estado con seguridad, tras las medidas extraordinarias que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, amparándose en el Artículo 155 de la Constitución Española. Estas medidas aun tienen que ser validadas en el Senado e incluyen el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña y de todos los consejeros, entre entre ellos, el de Salud, que serán reemplazados por el Gobierno central.

El presidente del Gobierno, que ha comparecido tras la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se han acordado las medidas concretas contra el desafío secesionista, ha explicado que el Gobierno ha tenido que aplicar el Artículo 155. "No era nuestra voluntad y nuestro deseo", pero "ningún Gobierno de un país democrático puede aceptar que se ignore la ley", ha explicado Rajoy.

El Gobierno solicita al Senado proceder al cese del presidente, vicepresidente y los consejeros. El ejercicio de sus funciones corresponderá a los órganos que designe el gobierno. Fuentes de Moncloa han confirmado Redacción Médica que, aunque el Senado deberá desarrollar los pormenores, la intención del Gobierno es el relevo del consejero de Salud, Antoni Comín, por la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Suspensión de sueldo para los funcionarios que no obedezcan

Según ha explicado Rajoy, la Administración de la Generalitat de Cataluña continuará funcionando, pero "bajo las directrices de los órganos y autoridades creados por el Gobierno de la nación". La Generalitat pasará a estar controlada desde Madrid, si así lo aprueba el Senado. Pero no es la única medida planteada por el Gobierno. La facultad de disolver el Parlament de Cataluña pasa al presidente del Gobierno, que además impone derecho de veto sobre las decisiones de este órgano. Rajoy ha anunciado que convocará elecciones en el plazo máximo de seis meses.

En el caso de sanidad, el Ministerio pasaría a controlar directamente todos los órganos dependientes del Instituto Catalán de Salud (ICS), con un presupuesto consolidado de 8.876,11 millones de euros. También dependerá del Gobierno el pago de las nóminas, que suman 1.804 millones de euros. Según ha detallado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, en un briefing con periodistas, aquellos trabajadores públicos que desobedezcan las directrices del Gobierno social, verán su sueldo suspendido.

También se intervienen las cuentas de la Generalitat de Cataluña para, según se detalla en el documento de medidas aportado por el Gobierno, garantizar el sostenimiento de los servicios públicos, entre ellos, la sanidad. La intervención del área económica persigue "garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponde transferir del Estado a la comunidad autónoma (...) no se destinen a actividades o fines vinculados con el proceso secesionista".