Redacción. Madrid
El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha reconocido "desencuentros" con algunas comunidades autónomas para tratar a los reclusos con hepatitis C con los nuevos fármacos, la llamada triple terapia.
Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias.
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Concretamente, Yuste ha hecho estas declaraciones en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha comparecido para explicar los presupuestos de su departamento para 2016, que ascenderán a 1.149,7 millones de euros, un 2,23 por ciento más que los de este año.
En lo que respecta al gasto sanitario, éste crecerá un 27 por ciento hasta los 77,9 millones de euros. Además, Yuste ha querido dejar claro que el deseo de Prisiones es que el acceso a las novedosas terapias se haga en condiciones de equidad.
Sobre el nuevo tratamiento contra la hepatitis C, Yuste ha explicado que desde que apareció esa posibilidad "empezamos a tener diferencias" con algunas comunidades "respecto a quién tenía que aplicar ese tratamiento y quién diagnosticar a los internos".
Por otro lado, ha recordado que la sanidad penitenciaria es de Atención Primaria y que la Especializada a los presos se lleva a cabo en los hospitales de referencia, por lo que la mejor forma de diagnosticar es a través de los especialistas.
Tras reiterar ese "desencuentro" con algunas comunidades, Yuste ha precisado que esa atención especializada a los presos "se presta mejor y de forma más equitativa" si se hace igual que a un ciudadano libre, es decir, “por la sanidad pública".
También ha insistido que la normativa de 2003 ya preveía el traspaso de la sanidad penitenciaria de forma integral a las comunidades, como ha hecho Cataluña y País Vasco.
Según Yuste, en la actualidad se está tratando a presos enfermos de hepatitis C con la triple terapia en el hospital madrileño del Gregorio Marañón. "Es verdad que los desarraigamos porque tenemos (en ese centro sanitario) un dispositivo especial y nos permite hacer un seguimiento más adecuado por un especialista". Por todo ello, ha considerado que se trata más de un problema de calidad asistencial que de recursos financieros.
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