Los médicos de Familia se comprometen a liderar programas de formación, más allá de la simple información sobre métodos contraceptivos



11 feb. 2014 14:56H
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Redacción. Madrid
Las tres sociedades nacionales de médicos generales y de Familia (Semfyc, SEMG y Semergen) han emitido un manifiesto conjunto en el que expresan su rechazo ante la reforma de la ley del aborto que plantea el actual Gobierno. A su juicio, la modificación propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, “incrementa la desigualdades sociales y perjudica a los más desfavorecidos”.

El presidente de Semergen, José Luis Llisterri; el presidente de SEMG, Benjamín Abarca; y el presidente de Semfyc  Josep Basora.

Para el colectivo de médicos de Atención Primaria (AP), la disminución de la tasa de abortos “pasa obligatoriamente por la implantación de políticas efectivas de educación sexual”. Por este motivo, las tres sociedades se han comprometido públicamente a liderar programas de formación, más allá de la simple información sobre métodos contraceptivos, como alternativa a varios de los puntos planteados en la reforma.

Según plantean, “vivimos en una sociedad plural, cuyo código ético no es único. Por tanto, entendemos que se pueden plantear opciones distintas e incluso opuestas a la hora de establecer la legislación que regule la interrupción voluntaria del embarazo. Por ello, no se puede imponer una ética de máximos para todos, sino que se deben buscar unos principios éticos mínimos compartidos que garanticen la convivencia”.

En este sentido, el manifiesto firmado por Semfyc, SEMG y Semergen subraya que “la auténtica protección del no-nacido y de la mujer que decide llevar adelante su embarazo debe basarse en políticas efectivas de salud sexual y fomento real de la maternidad”. Asimismo, sobre los derechos de las personas con alguna discapacidad, consideran que “la protección de las personas discapacitadas precisa más de políticas de apoyo y protección que de restricción de la libertad de las mujeres”.

Por otra parte, advierten de que la supresión de la posibilidad de interrupción del embarazo a petición de la mujer (modalidad de plazos) y la restricción de los supuestos de despenalización del aborto por causas médicas “no disminuyen la frecuencia de su práctica, pero sí empeoran las condiciones en las que esta se realiza”, y aclaran que “el conflicto que como médicos de Familia nos plantea el aborto por su dimensión ética no debe conducir, en ningún caso, al juicio moral por la determinación final de la mujer”.

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