Este índice permite calcular las necesidades presupuestarias para atención sanitaria o pensiones



10 nov. 2014 18:21H
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Redacción. Madrid
El envejecimiento de la población española y europea es un problema de primer orden que preocupa a las distintas administraciones, que observan con preocupación cómo esta tendencia se incrementa año a año, con las consiguientes consecuencias de índole social y económica. El 1 de enero de 2013 en España residían más de 8 millones de personas mayores de 65 años (el 17,69 por ciento), pero se estima que en 2050 este porcentaje se elevará al 36 por ciento. En el conjunto de la Unión Europea, la situación es similar: entre un 18 y un 20 por ciento de la población total supera los 65 años a día de hoy, y las estimaciones elevan el porcentaje al 30 por ciento para 2050.

Evolución de la tasa de dependencia. El color naranja corresponde a la media de la Europa de los 28; el rojo, a España; el gris, a Francia; el amarillo, a Alemania y el verde, a Italia. Fuente: Comisión Europea.


Más allá de este dato estimado, lo que constatan los últimos datos publicados por la Unión Europea es que la media de la tasa de dependencia en la Unión Europea de los 28 es del 27,5 por ciento. España se sitúa por debajo de la media, con un 26,3 por ciento, pero países como Francia (27,3 por ciento), Alemania (31,3 por ciento) o Italia (32,7 por ciento) superan la realidad española. La tendencia en Europa es de crecimiento de esta tasa, y en este caso, España no se comporta de forma diferente al conjunto de la UE, ya que la tasa no ha dejado crecer desde 2009, cuando se situaba en torno al 24 por ciento.

En todo caso, la nomenclatura de esta tasa no debe llevar a equívocos: no mide el porcentaje de personas mayores en situación de dependencia tal y como se entiende en España, sino que refleja el porcentaje de mayores de 65 años dependientes económicamente de la actividad económica que genera la población activa. Es decir, esa tasa de dependencia no refleja el total de dependientes que hay en un país, pero sí da idea de las necesidades que hay que afrontar y del impacto que va a tener a la hora de calcular o estimar el presupuesto que debe dedicarse al gasto en sanidad, pensiones o, efectivamente, la atención a las situaciones de dependencia, pero también para prever las políticas de envejecimiento activo que se deben poner en marcha. El problema es precisamente que en el conjunto de Europa, y España no es una excepción, esa población activa sigue una tendencia menguante, con lo que desde el punto de vista económico las tensiones que va a generar en los sistemas de bienestar del conjunto de la UE son significativas y hace necesario adoptar medidas.

En este sentido, hay que recordar que el presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para 2015 se incrementará un 2,1 por ciento, si bien está pendiente de su aprobación definitiva. Además, tal y como apuntaba recientemente la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, siete de cada diez euros del Presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 2015 se va a destinar a la atención y asistencia a personas mayores, y el 61,5 por ciento del total, se destinará a la dependencia.

Además, España está intentando hacer los deberes en otro sentido, y a través del Imserso se ha vehiculado la redacción de un documento muy amplio en el que se han adaptado una serie de recomendaciones europeas en políticas de envejecimiento activo, a las que se han añadido otras medidas de autoría española, de forma que sea posible abordar de la mejor manera posible el reto que plantea esta realidad del progresivo envejecimiento demográfico.  Dentro de estas políticas se encuentran el empleo de las personas mayores, las políticas para promocionar su autonomía, la igualdad de oportunidades o el acceso a los servicios sociales, entre otros aspectos.

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