El caso de difteria abre el debate sobre la obligatoriedad de la vacunación

Lorena Martínez. Madrid
El contagio de difteria de un menor de 6 años en Olot (Girona) que no había sido inmunizado ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de obligar a la administración de las inoculaciones previstas en los calendarios infantiles a fin de enfrentar la decisión de los progenitores movidos por la conocida corriente ‘antivacuna’.

Así se ha pronunciado Boi Ruiz, conseller de Salud de la Generalitat, quien apuesta por un calendario de vacunación “responsable y obligatorio” estableciendo un marco legal que obligue a los niños a estar vacunados.

Fernando García-Sala, coordinador del grupo de vacunas de la Sepeap.

Se trata de una medida que, a nivel internacional, genera igualmente controversia. Tras el brote de sarampión desatado en el parque Disneyland de California, el Senado de dicho estado aprobaba el pasado 15 de mayo una ley por la cual todos aquellos menores no inmunizados por creencias religiosas o personales no podrán acudir al jardín de infancia, admitiendo únicamente la exención por motivos médicos.

“La clave está en convencer, no en obligar”, señala al respecto Fernando García- Sala, coordinador del grupo de vacunas de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), quien tilda la medida norteamericana de “excesiva” en un país como España donde “tenemos una de las mayores coberturas de vacunación”.

Ante el nuevo contagio de una patología extinguida en España desde hace tres décadas, García-Sala cree necesario desarrollar un ejercicio de concienciación social por parte de pediatras, consejerías de Sanidad e incluso profesorado y asociaciones de padres en el ámbito escolar.

En el mismo sentido se orienta Esteve Fernández Muñoz, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), quien cree que “el caso es preocupante, pero no alarmante” y la obligatoriedad de la vacunación “no resulta necesaria salvo en ocasiones excepcionales”.

Esteve Fernández Muñoz, presidente de la SEE.

Fernández ilustra el ejemplo con el caso acontecido en el año 2010 en Granada, en el que, ante un brote de sarampión, varias familias reticentes a la inmunización fueron coaccionadas bajo mandato judicial debido al “riesgo para la salud pública” que el episodio trajo consigo.

“Es necesario convencer sin utilizar argumentos judiciales y sin recurrir a la imposición”, defiende el responsable de la SEE, y apunta a los profesionales de Atención Primaria y a los pediatras como principales impulsores en este objetivo.

El epidemiólogo cree que coacciones como las de California son “un supuesto no descartable” pero sin cabida en el caso del menor ingresado en el Hospital Vall d’Hebron, del que considera “nadie cree que vaya a ir más allá”.

Por su parte, Gabriel Montiel, de la Oficina Jurídica Sociosanitaria (OJS) se muestra tajante al defender que los padres “no tienen derecho a convertir a sus hijos en un ente transmisor de enfermedades”. Es por ello que alega al derecho a no inmunizar como parte de las libertades individuales, siempre y cuando “en el ejercicio de ese derecho no se afecta al interés colectivo”.

Con respecto a los posibles mecanismos encaminados a garantizar la vacunación, Montiel descarta la opción aprobada en California para su aplicación en suelo nacional, pues se basa en “la suspensión de un derecho probablemente igual de importante” como la escolarización. La retirada de prestaciones no contributivas, que el ministro australiano Tony Abbott ya ha defendido para su ejecución en dicho país, se sitúa como posible filón. Además, el abogado no descarta la retirada de la custodia “en casos más extremos”.

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Caso de difteria: Salud, partidaria de la vacunación obligatoria (05/06/2015)