España dispone de 2 meses para salvar infracciones en contratos públicos

La Comisión Europea promete ser contundente en cuestiones como el fraude, la fiscalidad o el medio ambiente en aquellos países Miembro que no cumplan con lo establecido. También en lo relativo a la contratación pública, anunciando una serie de infracciones que afectarían a España. 

En concreto, el organismo ha decidido incorporar un procedimiento de infracción contra España al considerar que la legislación nacional en materia de contratación pública y adjudicación de contratos de concesión no cumple con las normas de la UE. El Gobierno dispondrá de un plazo máximo de dos meses para responder a las alegaciones presentadas si no quiere enfrentarse a un "dictamen motivado" por parte del órgano europeo 

En una carta de emplazamiento, recuerda, en este sentido, que los Estados miembros debían incorporar la normativa (Directiva 2014/24/UE, Directiva 2014/25/UE y Directiva 2014/23/UE) al Derecho nacional a más tardar el 18 de abril de 2016.

A raíz de la notificación de la transposición por parte de España y del control de conformidad realizado por la Comisión, la institución asegura tener "dudas" sobre si la legislación española cumple las directivas de la UE.

En concreto, se han identificado deficiencias relacionadas, en particular, con el ámbito de aplicación de las directivas, las normas aplicables a la modificación de contratos y el cálculo del valor estimado de los contratos en casos específicos.

"Al asegurar una aplicación adecuada de las normas de contratación pública se garantiza la mejor relación calidad-precio de las compras públicas, se consigue que para las pequeñas y medianas empresas (pymes) sea más fácil y más barato participar en los contratos públicos y se ofrecen más oportunidades de negocio a las empresas", explica la Comisión. 

Es solo una de las principales decisiones adoptadas para España, referentes a varios ámbitos de actuación. Como cada mes, la Comisión hace llegar su paquete habitual de decisiones sobre procedimientos de infracción, emprendiendo acciones jurídicas contra diversos Estados miembros que no han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión.

Estas decisiones, que abarcan distintos sectores y ámbitos de actuación de la Unión Europea, pretenden velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión en beneficio de los ciudadanos y de las empresas.

No obstante, este mes de diciembre, se archivarán noventa asuntos que los Estados miembros afectados han resuelto sin que ella haya tenido que seguir adelante con el procedimiento.